CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Fiscalía General de la República informó el martes de la existencia de tres líneas de investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntos delitos de corrupción, semanas después de que se hicieran públicas las primeras denuncias formales en su contra interpuestas por la FGR contra el lavado de dinero por manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales.

En un comunicado, la Fiscalía divulgó los casos sin revelar el nombre completo del investigado, pero un funcionario federal, que pidió el anonimato al no poder comentar sobre una pesquisa en marcha, confirmó que se trata de Peña Nieto, quien gobernó entre 2012-2018 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Peña Nieto es investigado por presuntos delitos de carácter electoral, de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el hecho de que la fiscalía informe públicamente sobre las investigaciones aún no implica el inicio de un proceso penal. La agencia no detalló desde hace cuánto tiempo están abiertas las indagaciones.

A pesar que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la lucha contra la corrupción es un asunto prioritario en su gobierno y ha arremetido contra sus predecesores, en lo que va de su administración no se ha actuado contra ninguno de ellos.

Según el comunicado de la Fiscalía, el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la constructora española OHL, que en 2016 fue multada por las autoridades bancarias mexicanas por diversas irregularidades contables.

En esta investigación se buscan posibles delitos de carácter electoral y patrimoniales y en ella “los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, agrega la nota de prensa.

El segundo caso tiene como origen denuncias presentadas por las autoridades fiscales “por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”. La Fiscalía explicó que antes de judicializar el caso se precisan “dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables” para, eventualmente, poder abrir un proceso.

El funcionario aclaró que esta investigación se origina de las denuncias de la agencia mexicana contra el lavado de dinero, que fue la primera acusación formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción que hubo durante su gobierno.

La tercera pesquisa tiene que ver con un presunto delito de enriquecimiento ilícito, en la cual se están desahogando los dictámenes fiscales y patrimoniales. Según el funcionario, se originó por una denuncia presentada por un particular para comprobar si durante su presidencia Peña Nieto acumuló más patrimonio del declarado.

Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo. En julio, tras las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que estaba convencido de que las autoridades competentes le permitirían “aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.

“Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de Justicia”, agregó en ese momento.

Emilio Lozoya, director de la empresa petrolera estatal durante su gobierno, afirmó que Peña Nieto y su mano derecha, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida reforma energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.

Lozoya, en proceso por delitos de corrupción pero que está colaborando con la justicia desde la cárcel, también involucró a Videgaray en el supuesto uso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht con fines electorales en la campaña de 2012, la que ganó Peña Nieto.

Videgaray negó las acusaciones. En 2021 fue inhabilitado por 10 años por “falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales”.

Ese mismo año se inició un proceso contra Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía durante el gobierno de Peña Nieto, por supuesto enriquecimiento ilícito. Actualmente es diputado federal y, por lo tanto, no le afecta porque tiene fuero.

La exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, Rosario Robles, está en prisión preventiva desde 2019 acusada de “ejercicio indebido del servicio público” relacionado con el supuesto desvío de hasta 260 millones de dólares de fondos públicos.