PROGRESO, Yucatán.- En medio de la efervescencia política que se vive en Progreso rumbo al 2024, los pescadores alzan la voz porque ya no quieren ser uno de los sectores más olvidados por el gobierno de la 4T y el municipal que encabeza Julián Zacarías Curi.

Reuniones van, reuniones vienen y los problemas de los pescadores no se resuelven principalmente por la gente que está enquistada en las agrupaciones que dicen defender al sector, pero en realidad solo ven sus intereses o solo sacan provecho personal y económico.

Una de esas asociaciones es la Unión de Armadores, que en el papel dirige Ana María Pech Chacón, pero en la práctica es Manolo Sánchez González quien mueve los hilos.

El nombre de Sánchez González, quien fue regidor suplente del alcalde Julián Zacarías Curi, circuló en estos días negativamente por el maltrato que dio a periodistas en la cobertura de una reunión sobre el sector pesquero.

¿Quién es Manolo Sánchez?

Manuel Sánchez González, mejor conocido como Manolo Sánchez, es quien tiene el verdadero control sobre la asociación civil denominada Unión de Armadores, que preside solo en el papel Ana María Pech Chacón.

Manolo Sánchez era un pequeño productor pesquero que en la época del mandato de Patricio Patrón Laviada obtuvo apoyos y recursos federales a fondos perdidos, cuando él sí presidía a los Armadores. Les entregaron 10 millones pesos a él como presidente y a José Luis Carrillo Galaz.

Gracias a este apoyo económico, el cuestionado empresario hizo su propia fabrica de hielo y de ahí comenzó su polémica escalada económica empresarial.

PROVECHO PERSONAL: Quienes lo conocen aseguran que se vanagloria de su relación con las administraciones panistas, pero lejos de ver por los verdaderos intereses de los armadores busca sacar provecho y ventaja personal, pues él jamás fue pescador por lo tanto no comprende los verdaderos problemas del gremio.

Pescadores denuncian que les elevaron los costos, trámites y documentación que deben tener por embarcación. Además, constantemente cambian de Capitán de puerto, y cada que llega uno nuevo trae diferentes formas de administrar la capitanía.

Todo esto ha creado una preocupación entre los que integran el sector, que se ven rebasados muchas veces en los gastos que deben hacer para poder sacar sus barcos a la pesca.

ONEROSOS TRÁMITES: Cada arqueo cuesta 16 mil pesos aproximadamente, cada cuadernillo más de 30 mil pesos, más certificados de matrícula, certificado de navegación, más pago de dique seco (es requisito de nueva creación).

Los más antiguos afirman que la pesca ya no es como antes, a lo cual se suman la pesca furtiva y otro problemas que las autoridades no ayudan a resolver.

Por el dique seco les cobran 7 mil pesos cada vez que sube el barco a varadero. Y encima caen los inspectores de la Capitanía «naval», que ponen muchos peros para bajar otra vez el barco. Una subida a varadero, que por lo general es de 4-5 días, ellos la prolongan hasta 10 o 15 con las supuestas observaciones y peros que ponen.

Todo esto ahoga al sector pesquero, pero la dirigente de los Armadores calla, porque ella no es más que un títere de Manolo Sánchez y Carrillo Galaz, que se entienden con las autoridades para callar y permitir abusos jamás vistos contra los pescadores.