El alcalde de esta ciudad y también presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), Renán Barrera Concha, estaría involucrado en un posible delito en la asignación de recursos del Ramo 33, al autorizar la repavimentación de una calle en la comisaría de Tixcuytún que no beneficia directamente a las familias de pobreza extrema de esa comunidad, sino a un nuevo proyecto residencial que incluye varios fraccionamientos y hasta un complejo médico de atención a la población de poder adquisitivo.
Se trata de la calle 17 entre 20 y 22 de Tixcuytún, que está catalogada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como una zona de pobreza extrema y donde se deberían de aplicar recursos de manera directa para abatir este problema social.
Esta comisaría, de acuerdo con el Inegi, tiene aproximadamente 348 habitantes, de los cuales 150 son niños, y está ubicada al norte de Mérida, que en la última década ha tenido un crecimiento explosivo y ha estado sujeta a la especulación de tierras y de otros negocios.

La calle 17 corresponde a la primera priorización de obras de Desarrollo Social Municipal que dirige Julio Sauma castillo, que hace cinco días aprobó el Cabildo por mayoría con respaldo de los regidores del PAN y PRD, por más de 61 millones de pesos. Los regidores del PRI advirtieron que «algo raro se estaba cocinando» por la premura en la aprobación y la cerrazón de la autoridad municipal para acceder a la revisión de los expedientes con las solicitudes ciudadanas.
Y no sólo los regidores del PRI, sino hasta agrupaciones civiles han denunciado públicamente graves irregularidades en la aplicación del Ramo 33, en la que vinculan, al parecer, a familiares de Renán Barrera Concha en la compra y especulación de tierras en Tixcuytún. 
El gran detonador de esto es una carretera de cuatro carriles, con camellón al centro y alumbrado público, que precisamente empata con la calle 17 de la misma comisaría.
En la edición de enero de este año, una revista de circulación local publicó un reportaje donde se menciona que, según información oficial del Ayuntamiento, el proyecto consta de 3.8 kilómetros de carretera con una inversión de 6.3 millones de pesos y que en ese momento tenía un avance del 53%. Esta obra que se construye en una zona catalogada por la Sedesol como de pobreza extrema, «detonaría» en la construcción de cuatro fraccionamientos residenciales y la edición de un nuevo hospital que sería la Clínica Mérida Norte. 
De acuerdo con el reportaje, habría pláticas para la llegada del Centro Médico Las Américas cuyos propietarios adquirían terrenos para la construcción de un nuevo hospital privado para la atención de población de alta plusvalía.
De acuerdo con la regidora priísta Alejandra Cerón Grajales, el alcalde Renán Barrera Concha estaría usando recursos del Ramo 33, destinados para el combate de la pobreza, para construir y dotar de infraestructura para beneficiar a unos cuantos inversionistas.

Aclara que «no estamos en contra del desarrollo de Mérida o de la llegada de inversiones privadas, sino de la utilización disfrazada de recursos federales del Ramo 33». Aquí, añade, hemos detectado que el Ayuntamiento no está atendiendo de manera «directa» el combate a la pobreza, sino que se está atendiendo de manera «directa» a inversionistas privados, lo que podría derivar en graves irregularidades, desvío de recursos federales y lo que derive de todo esto.
El asunto se agrava porque Barrera Concha es también, en su calidad de presidente de la Anac -fracción III del artículo 4 del reglamento interno de la Sedesol-, integrante de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, órgano interno de Sedesol federal que establece los lineamientos nacionales en la aplicación de los recursos para zonas prioritarias de pobreza extrema.
La regidora expuso que todo esto amerita que la federación abra una investigación contra el alcalde de Mérida por presuntos desvío de recursos federales.