En un nuevo revés para los ahorradores, los directivos de Crecicuentas saldrían libres en los próximos días, al ganar un amparo, aunque el proceso en contra de la familia Argáez López continuará ya están denunciados por un presunto fraude de varios millones de pesos.

El Juzgado Primero de Distrito determinó que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY) cometió diversas irregularidades contra Miguel Ángel y Claudia Ruby Argáez López, así como de su madre, Lina Guadalupe López Conrado, al reclasificar el delito que se les imputa y ordenar su reaprehensión.

Desde el pasado 16 de enero, los titulares de la sociedad financiera están recluidos en el Cereso de Mérida, pero en los próximos días podrían recuperar su libertad.

De acuerdo con el Diario Oficial, el TSJE procedió de manera violatoria a los derechos humanos al reclasificar el delito del que se les acusaba a los hermanos Argaez López y su madre, además de ordenar su reaprehensión.

La resolución de la autoridad federal establece que la principal anomalía en la que incurrió el TSJY fue que «cambió los hechos que le fueron consignados por el Ministerio Público, lo cual no le está permitido pues de conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional en relación con el 40, fracción l, y 287 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, es el Ministerio Público quien constitucional y legalmente tiene la carga de precisar los hechos y obtener las pruebas que conduzcan al dictado de un auto de formal prisión, sin que el juzgador (que en este caso es la Sala responsable) pueda subsanar la acusación o traer a cuenta oficiosamente hechos o circunstancias que no formen parte de los argumentos de la consignación al ejercerse acción penal».

El pasado 11 de enero, el Tribunal Superior de Justicia revocó la libertad por falta de elementos a los Argáez López, y ordenó que el Juzgado Sexto Penal emitiese una orden de reaprehensión, lo cual habría sido ilegal.

En el documento de la resolución del juicio de amparo se establece que «esto es así, ya que a este último funcionario (la Sala Penal del TSJY) solamente corresponde determinar si la actuación del Ministerio Público cumple o no con los estándares legales a efecto de tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad motivo de la consignación, fijando la materia del proceso con base, única y exclusivamente, en la imputación realizada por el Ministerio Público, sin que pueda asumir el papel de acusador, coadyuvante o asesor del Ministerio Público, pues ello tornaría al proceso penal en un proceso inquisitivo».

Por lo anterior, se determinó que «procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la resolución de 11 de enero de 2016, emitida por la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado».

Hasta el momento, no se fija una sesión con los directivos de Crecicuentas.