Mérida, Yucatán, 18 de abril de 2013.- Servidores públicos de 105
ayuntamientos de Yucatán recibirán capacitación en la observancia y
prevención de la violación de los derechos humanos, como parte de una amplia
campaña para asegurar el respeto de las garantías individuales desde el
ámbito municipalista.
El Gobernador Rolando Zapata Bello encabezó la ceremonia de suscripción de
un acuerdo entre alcaldes yucatecos y los presidentes de las Comisiones
Nacional y estatal de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva y Jorge
Victoria Maldonado, respectivamente, que permitirá instrumentar un extensivo
proceso de instrucción por todos los rincones de la entidad.
En presencia de los munícipes, funcionarios estatales, federales y
representantes de la sociedad civil, congregados en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI, el titular del Poder Ejecutivo manifestó que
la cultura del respeto al ciudadano es un elemento central de la convivencia
y una sólida vía para fortalecer el tejido social.
“En Yucatán hacía falta poner el acento para cerrar el círculo en los
Gobiernos locales, estrechar los canales de comunicación y colaboración
entre los municipios que integran la entidad. Con plena convicción y
compromiso con esta causa les convoco a que redoblemos el paso para que los
derechos humanos sean uno de los cimientos de nuestra cultura”, apuntó.
Acompañado del director del Instituto para el Desarrollo Regional y
Municipal (INDERM), Carlos Pavón Flores, el mandatario destacó la firma del
convenio que marca un parteaguas en la materia, ya que permitirá transitar
hacia una sociedad más madura y desarrollada.
Porque en una sociedad en la que se respetan los derechos humanos, es una
sociedad que está destinada a alcanzar todas y cada una de sus metas de
desarrollo, finalizó.
Durante la ceremonia, se explicó que el acuerdo signado este día permitirá
capacitar y dotar de información a servidores públicos de los 105
ayuntamientos, principalmente a los que trabajan en el área de seguridad
pública, procuración de justicia, prevención al delito y desarrollo social,
en temas relacionados con la protección de las garantía individuales.
Al dirigir un mensaje, el ombudsman nacional expuso que la relevancia de
este acuerdo se centra en que de manera conjunta se están emprendiendo
acciones para construir una forma de Gobierno en donde todos los servidores
públicos estén convencidos de que su función está orientada a servir de
manera más eficiente a la sociedad.
“Los servidores públicos requieren de una acercamiento con los derechos
humanos, ya que el desempeño de las labores públicas implican una
actualización permanente, una acción de Gobierno siempre respetuosa, que
pueda abonar a una mayor confianza social”, expresó.
Villanueva Plascencia refirió que el municipio, como cimiento del Estado
mexicano, es desde donde se debe operar el cambio cultural, “porque son
ustedes la primera ventana de atención a la sociedad y de solución de
problemáticas que demanda la ciudadanía”
La cultura cívica emana y se forja de la relación entre la sociedad y
particularmente en la vida municipal, estado ideal para construir una plena
y adecuada cultura de la legalidad entendida como un binomio, en donde no
sólo se busca la exigencia de los derechos, sino que todos asumamos los
deberes que tenemos a nuestro cargo, sentenció.
En presentación de los presidentes municipales, el alcalde de Mérida, Renán
Barrera Concha, se pronunció por construir desde el ámbito municipal una
cultura de la legalidad y respeto de los derechos humanos con una completa
colaboración interinstitucional.(Comunicado)