Edwin Armando Burgos Dzib, procesado por el homicidio de una mujer de Nuevo León radicada en Mérida, la mató el mismo día que una juez le concedió la suspensión del proceso penal que le seguía por el robo en una casa.

De hecho, la asesinó después de presentarse ante la juez para ser notificado que su proceso por robo estaba suspendido, como parte de los beneficios que se incluyen el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El sujeto abordó un taxi saliendo del Centro de Justicia Oral de Mérida y se fue directamente a casa de su víctima, pues sabía que la mujer tenía dinero porque así se lo contó un familiar que le daba servicio de jardinería a la vivienda.

Como informamos, la Fiscalía estatal detuvo a Burgos Dzib por la muerte de Ermila Vera Arangua, de 70 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Santa Rita Cholul.

La carpeta de investigación indica que la mató para robarle, aunque apenas obtuvo 8,528 pesos.

El autor del crimen es procesado por la juez de control Blanca Beatriz Bonilla González, quien ya lo imputó por los delitos de homicidio calificado y robo calificado, que denunciaron los hijos de la ahora occisa.

Irónicamente fue la misma juez la que lo dejó en libertad y que le suspendió el proceso precisamente el día en que el sujeto se convirtió en criminal.

Y es que ella le seguía proceso por el delito de robo calificado y lo dejó en libertad condicional a cambio de no salir del Estado, acudir a firmar y llevar en el tobillo un dispositivo electrónico.

El robo lo cometió en un predio del fraccionamiento El Triunfo, de la comisaría Santa Gertrudis Copó, de donde se llevó una pantalla de plasma de 32 pulgadas, una alcancía artesanal con 82 pesos, un ventilador de pedestal y una consola de juegos.

El 17 de noviembre, acudió ante esa juez porque ella aprobó suspender el proceso penal por 6 meses, a cambio de que él cumpliera con residir en un determinado predio, no acercarse a la víctima y su domicilio en un rango de 200 metros, conservar un trabajo, acudir a firmar cada mes y se estableció un plan de reparación del daño por 4 mil 600 pesos que pagaría en abonos mensuales.

Aceptó los compromisos, firmó, abandonó el Centro de Justicia Oral de Mérida y se fue a robarle a la vecina de Cholul, pero terminó matándola.