Sergio Cuevas, ex consejero jurídico de Ivonne Ortega Pacheco, ha sido vinculado en el caso de la presunta periodista mexicana detenida por narcotráfico en Nicaragua.

El portal local www.yucatanahora.com señala que hay vínculos entre Sergio Cuevas y la titular de una notaría pública del Estado que figuró en los contratos que hizo la acusada Juana Raquel Alatorre Correa en la compra de varias propiedades en Yucatán.
La información hecho pública por este portal señala que los títulos de propiedad de esta persona fueron protocolizados por varios notarios yucatecos, entre quienes destaca María del Carmen Baltazar Arceo, titular de la Notaría 33 del Estado.
Esta fedataria, de acuerdo con la publicación, es la misma fedataria que en el último tramo del pasado quinquenio, tuvo oportunidad de protocolizar importantes ventas, entre las que sobresale la de las 60 hectáreas de un terreno que era propiedad del IVEY y fue rematado en el Parque Industrial y Portuario de Yucalpetén.
Alatorre Correa y otras 17 personas fueron detenidas en Nicaragua por delincuencia organizada, ya que en camionetas con el logotipo de Televisa se encontraron 9.2 millones de dólares y rastros de estupefacientes.
Esa misma mujer, quien portaba identificaciones falsas, también tenía una dirección -registrada ante el IFE- en el fraccionamiento Residencial Pensiones de Mérida.
Investigaciones posteriores revelaron que esta mujer posee otros predios, entre ellos una mansión en la exclusiva zona residencial de Altabrisa y una casa-quinta en la comisaría de Teya, al oriente de la ciudad.
Las vertientes del caso en Yucatán, según la publicación difundida por YucatánAhora.com, dejan entrever peligrosos escenarios no sólo para los involucrados directamente en el presunto lavado de dinero y trasiego de drogas, sino también para autoridades de la pasada administración.
Entre el notariado yucateco, es sabido que hasta hace apenas unos años Baltazar Arceo mantenía un bajo perfil en sus trabajos.
Sin embargo, hace un par de años empezó a recibir encomiendas de mayor envergadura, como fue el caso de Yucalpetén, y para haber escriturado varias de las propiedades de la hoy procesada en Nicaragua, debió contar con especiales contactos.
En ese orden de ideas, para nadie resulta secreto que toda decisión en materia jurídica que se tomó en la pasada administración gubernamental requirió del visto bueno del entonces consejero Jurídico, Sergio Bogar Cuevas.
Así, resulta misteriosa la manera en la que la Notaría 33 empezó a recibir «trabajos especiales», entre los que está la escrituración de los predios que presuntamente pertenecieron a Juana Raquel Alatorre Correa.
Y resulta extraña la coincidencia porque esos servicios notariales se dieron a raíz de una mayor cercanía de María del Carmen Baltazar con personal de la Consejería Jurídica.
Se espera que conforme avance el juicio en Nicaragua, a la vez que se consolidan las investigaciones en México, irán apareciendo más y mayores coincidencias que tendrían consecuencias graves para ciertas figuras públicas de Yucatán.