José Eduardo Castro Díaz y Filiberto Javier Orilla Moguel, trabajadores del IMSS en la entidad, fueron condenados a 5 años y 1 mes de prisión por defraudar al abogado que logró que la institución los indemnizará por haberlos despedidos.

Se les condenó por el delito de fraude, luego de que el Tribunal Colegiado de Circuito dejó sin efectos la sentencia absolutoria dictada anteriormente a favor de ellos por el Tribunal Segundo Oral.

Durante la ejecutoria de amparo, el Tribunal de Alzada dictó una sentencia de reemplazo en la cual determinó tener por acreditado el hecho y la plena responsabilidad de los acusados, de manera que a los sujetos les negaron los beneficios sustitutivos de sanción, es decir no podrán canjear la pena por dinero.

Además, tendrán que reparar el daño ocasionado, por lo que Castro Díaz desembolsará 310.792.99 pesos, y Orilla Moguel 180.856.82 pesos.

Asimismo, de manera mancomunada y solidariamente tendrán que pagar por los perjuicios ocasionados, mismos que serán acreditados en la ejecución de la sentencia.

Los ahora condenados se desempeñaban como afanadores de la T-1 y en el 2010 organizaron una protesta con otros empleados e impidieron el paso a los trabajadores de confianza.

Debido a esto fueron dados de baja y demandaron al Instituto por despido injustificado, por lo que contrataron los servicios del abogado Arturo Ascencio Salazar García, quien ganó el pleito, pero no recibió el pago acordado por sus servicios.

El denunciante llevó el juicio laboral por el despido injustificado de ambos y no sólo logró que se les reinstalara, sino que ganaron una buena indemnización por los sueldos caídos.

El trato convenido era que una vez concluido el caso, Ascencio Salazar recibiría el 25% de los montos que se obtuvieran, pero los trabajadores no cumplieron con el acuerdo.

El primero cobró 1’229,171.99 pesos y el segundo 723,427.29 pesos.

Es por eso que fueron demandados y en diciembre del 2015 fueron vinculados proceso, más tarde sometidos a juicio oral, aunque el Tribunal Segundo los absolvió.

La Fiscalía se inconforme por el fallo e interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Colegiado yy se resolvió a favor de la víctima.