El Juez Segundo Penal, Luis Armando Mendoza Casanova, sentenció a 5 años y 6 meses de prisión a Flor Alicia Echazarreta Castillo, quien dispuso de las alhajas que una amiga dejó en unas cajas de seguridad cuando tuvo que irse de viaje.

El juzgador la declaró penalmente responsable del delito de abuso de confianza, por el cual le aplicó también una multa de 125 días y además la condenó al pago de más de un millón 370 mil pesos por concepto de reparación del daño patrimonial.

La sanción penal se empezará a contar a partir de qué se presente a cumplirla, o de no hacerlo, cuando sea reaprhendida, toda vez que goza de libertad condicional.

Se le descontará el tiempo en que estuvo privada de la libertad, pues obtuvo la libertad provisional bajo caución el 11 de diciembre del 2015.

En la sentencia se le condena al pago de un millón 374 mil 993 pesos, en favor de la denunciante Bárbara Ann Díaz Badger.

Sin embargo, en la etapa de Ejecución cuando se le condenará al pago de las piedras zirconios, zafiros, rubís y diamantes, que no fueron evaluados por especialistas de la Fiscalía General del Estado.

A la ahora sentenciada se le niegan los beneficios de ley por no reunir los requisitos, es decir que no podrá canjear la pena por dinero.

En el expediente se indica que la agraviada, debido a que se ausentaría del país y dada la confianza con su amiga, la dejó al cuidado de su casa ubicada en la calle 20 por 21 y 23 del fraccionamiento Xcumpich, entregándole las llaves del domicilio y del control de la reja electrónica.

Esto debo a qué debía resguardar 28 mil dólares americanos que tenía ahorrados, 170 mil pesos en efectivo, que era el importe que recibió por la venta de una camioneta y diversos juegos de alhajas completos de esmeraldas, rubís, zafiros, perlas en diversos colores, marfil, oro blanco, oro amarillo, así como piedras preciosas, cadenas, anillos, pulseras, dijes, aretes y otros objetos de valor.

Decidieron contratar una caja de seguridad y de común acuerdo acudieron el 25 de septiembre del 2010 a la empresa denominada “Bóvedas Peninsulares”, ubicada en Itzimná, donde contrataron la referida caja y se les asignó una de ellas por un término de un año.

La quejosa le autorizó a su amiga el acceso a la caja el día de su partida, el 3 de octubre del 2010, situación que aprovechó supuestamente para disponer poco a poco del efectivo y de las joyas, mismas que empeñó en distintos negocios dedicados a la actividad, disponiendo del dinero en su provecho personal.

Ante ello, se interpuso la denuncia penal en su contra y luego de largo procedimiento, finalmente fue encontrada penalmente responsable.