El ex alcalde de Celestún, Leonel Rosado Mena, y sus 7 regidores, fueron vinculados a proceso penal por un presunto desfalco al erario  por más  de 50 millones de pesos.

Los regidores vendieron a empresarios por 400 mil pesos terrenos del municipio que tenían un valor comercial de 57 millones 245 mil 196 pesos.

Por este motivo, la Jueza de Control del cuarto distrito judicial del sistema penal acusatorio, Mariza Virgina Polanco Sabido, consideró procedente la denuncia en contra del ex presidente municipal y sus regidores por el delito de «uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado, cometidos en pandilla».

La acusación se refiere a que los 8 miembros del Cabildo autorizaron la venta de dos predios propiedad del municipio por un monto de 400 mil pesos, cuando esos bienes tenían un valor superior a los 57 millones de pesos.

El Tribunal Superior de Justicia, informó del proceso judicial iniciado a los 8 ex regidores que conformaron el Ayuntamiento 2015-2018. 
Precisó que los hechos son los siguientes:

“Que ocho de los hoy imputados, en su calidad de regidores del cabildo de Celestún, Yucatán, en el periodo de la administración pública municipal 2015-2018, entre el 12 de febrero y 30 de agosto de 2018, ilícitamente otorgaron enajenaciones sobre dos tablajes catastrales que, hasta ese momento, eran propiedad del municipio; procediendo a venderlos a favor de otras tres personas imputadas, socias de la empresa compradora, todos a quienes se imputa como coautores materiales directos de la posible conducta de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado, cometidos en pandilla.

Ya que mediante sesión de cabildo de fecha 18 de junio de 2018, el órgano municipal aprobó unánimemente la enajenación de dichos terrenos, aún cuando no se cumplía con 6 de los 9 requisitos mínimos que prevé el artículo 155 de la Ley de Gobierno de los Municipios para tal efecto; esto en favor de tres personas físicas que pagaron $400,000 M.N. por los bienes inmuebles cuando éstos en verdad tenían un valor comercial de $57,245,196.49 M.N dañando con ello, gravemente, el patrimonio municipal, quien encontró un déficit de 99.31% en esa operación.

Cabe apuntar que en el caso del perito valuador, también imputado en la audiencia, se le atribuyen dichas conductas en el grado de partícipe. Por su parte, una de las ex-regidoras que no estuvo presente en la audiencia, será presentada, con auxilio de la fuerza pública el próximo 23 de agosto del presente.

La Jueza de Control Polanco Sabido impuso a los imputados medidas diversas a la prisión preventiva: acudir a firmar ante la autoridad, embargo de bienes, sometimiento a la vigilancia del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, prohibición de acercarse a testigos, todas estas medidas por todo el tiempo que dure el proceso penal.

La juzgadora otorgó a los fiscales el plazo de seis meses para continuar con la investigación complementaria del caso».