El Juez Quinto de Distrito en Materia Civil ordenó el uso de la fuerza pública para notificar a Ingenieros Civiles Asociados (ICA) la sentencia definitiva que lo obliga a pagar a 154 ciudadanos, en su mayoría ciudadanos europeos, una indemnización por casi 23 millones USD por daños y perjuicios.

Tonatiuh Rovirosa Madrazo, abogado de las víctimas, explicó que en 2004 el Grupo inmobiliario español MALL constituyó en México la empresa Proyecto Esmeralda Resort (PER) con el fin de construir en 295 hectáreas, un complejo turístico hotelero y residencial en Champotón, Campeche. Ciento cincuenta y cuatro personas adquirieron departamentos en preventa, así como membresías del Resort, con la promesa de que se los entregarían a partir del año 2008.

“Fueron 154 personas, en su mayoría de la tercera edad, que vieron en México un lugar para pasar sus últimos años o incluso como inversión de su futuro. Sin embargo, la constructora incumplió reiteradamente con la fecha de entrega.  Sorpresivamente, el 11 de diciembre de 2008 informaron a los compradores que habían acordado con ICA la constitución de un fideicomiso de garantía, con el fin de incrementar y complementar los recursos financieros que ICA les había prestado previamente para terminar el Desarrollo”.

Este fideicomiso fue creado con el patrimonio de las acciones de PER, los bienes inmuebles que conformaban el Desarrollo, los ingresos que se derivaran de su comercialización y los departamentos que previamente se había vendido a los compradores. “ICA tenía conocimiento de los contratos celebrados por PER con los compradores. Sin embargo, desconoció el acuerdo y los ingresos aportados por los compradores”, señaló Rovirosa Madrazo.

Ante ello, los compradores decidieron promover un juicio. Finalmente, después de 10 años y de pasar por distintos tribunales e instancias, el 5 de abril del 2021, ICA finalmente perdió el proceso legal y la sentencia del Juez en Materia Civil quedó firme e irrevocable. La empresa constructora tendrá que pagar $12,340,691.00 USD más 10,372,060.00 USD de intereses a razón del 6% anual, para dar un total de $22,712,751.00 USD calculados desde el 1 de enero de 2011 y hasta el 17 de enero de 2022.

“A pesar de que fueron 10 años de tribunales, ICA se ha negado a cualquier comunicación o negociación con los afectados y ha obstaculizado la ejecución de la sentencia negándose a ser notificada. Es por eso que se recurrió a la fuerza pública.

Durante todo este tiempo la empresa ha utilizado todo tipo de artimañas para evitar indemnizar a las personas afectadas, como que en 2016 creó una nueva empresa denominada ICA constructora a quien transfirió activos y contratos, salvo los pasivos adquiridos antes de esa operación. Durante el juicio, llegó a decir que no tenía dinero para hacer frente a la demanda porque no tenían activos”, afirmó Rovirosa Madrazo.