BUENOS AIRES (AP).- Mientras sostiene su bolsa de tela, Bahiano Arévalo espera a que una trabajadora del merendero Los Leoncitos lo atienda. Cuando le llega el turno, el niño argentino de siete años comprueba que ha recibido algo de leche y una torta rellena de dulce.

Al salir se dirige a su madre, Evelin Benítez, que lo espera cerca del comedor popular en el barrio Carmen de Alvear, en el municipio de Tigre y a más de 30 kilómetros de Buenos Aires. “Vengo porque tengo tres chicos y todo ayuda. Así como vengo acá después voy a buscar más allá comida”, dijo Benítez hace unos días a The Associated Press.

La vida de la mujer de 29 años se ha visto influenciada por las organizaciones sociales. Forma parte de la agrupación Barrios de Pie, a donde llegó hace un año procedente del Movimiento Evita, y tres veces a la semana acude a “Los Leoncitos”, que abrió otra de estas agrupaciones. Si la mujer no acudiera a los comedores que estas agrupaciones han abierto masivamente durante la pandemia, ella y sus tres hijos, su pareja y su madre, apenas podrían sobrevivir.

En medio de una economía que intenta recuperarse de la pandemia y una de las tasas de inflación más altas del mundo, millones de argentinos sobreviven por la tarea asistencial del Estado y de organizaciones sociales a las que están afiliados. Éstas les brindan alimentos y, gracias a sus vínculos tejidos con el poder político, aceitan la efectiva llegada a sus manos de subsidios y programas de trabajo que están remunerados con un salario precario.

Esas organizaciones de tendencia izquierdista y peronista ostentan un poder de doble filo, ya que median con las autoridades y contienen las demandas de integrantes que reclaman mayores ingresos evitando un estallido social y al mismo tiempo constituyen una latente amenaza para el presidente Alberto Fernández por su enorme capacidad de movilización en las calles.

En las últimas semanas, su enojo con Fernández ha aumentado y se ha reflejado en protestas donde reclaman más trabajo, mejores salarios y los beneficios que poseen los trabajadores de la economía formal, como seguro médico, vacaciones pagadas o jubilaciones.

Los argentinos lidian con una acelerada inflación. En abril fue de 6% y en la comparación interanual la suba fue de 58%, muy por encima de la de otros países también afectados por la guerra de Rusia y Ucrania, como Estados Unidos, que registró 8.3%. Economistas calculan que en Argentina la inflación llegará a 70% a fin de año. De ser así se dispararía la pobreza, que a fines de 2021 afectaba a 37.3% de una población de unos 47 millones de personas.

Evelin Benítez barre las calles, trabajo por el que recibe unos 20 mil pesos (159 dólares) mensuales al ser beneficiaria de un programa laboral en el marco de este sistema asistencialista estatal. El día en que cobra hace las compras. El dinero le dura pocos días y luego tiene que volver a rondar los comedores populares.

Según Jorge Cabral, miembro del Frente Popular Darío Santillán, si no fuera por estas organizaciones, “explotaba todo”. Aseguró que «durante la pandemia no hubo políticos que vinieron a decir qué necesitas. Las cosas que logramos es por la lucha, porque cortamos las calles; por teléfono nunca te van a atender”. Su agrupación recientemente convocó a miles de manifestantes en una de las principales avenidas de Buenos Aires que duró varios días en reclamo de más ayudas.