MÉRIDA.- Casi a la par de que Yucatán tipificaba como delito grave la violencia vicaria, que es cuando el hombre causa sufrimiento a la mujer dañando a sus hijos, una joven madre, Maggie Guzmán Bernés, sufría este tipo de violencia, considerado el más cruel contra la mujer.

Hace unos días, desesperada porque su caso no avanza y han pasado muchos días sin que pueda ver a su hijo, Maggie hizo una denuncia pública en redes sociales y pidió ayuda para que le devuelvan a su hijo Lucca, de dos años 11 meses.

Maggie es una joven maestra de preescolar, originaria de Cozumel y residente en Mérida desde hace 12 años.

El que bajo engaños le quitó a su hijo es el padre del infante, un hombre con quien Maggie estuvo casada casi un año, pero con quien mantuvo una relación de noviazgo y pareja por siete años.

Luego de la separación de la pareja, el acuerdo de palabra fue que compartieran la custodia de Lucca, pues la madre estaba en la mejor disposición de que su hijo conviviera con su papá sin la necesidad de un pleito legal, incluso, ella le insistía al individuo que pasara más tiempo con el pequeño.

Al principio el sujeto decía que no tenía tiempo para verlo, no se interesaba por saber de su hijo y se negaba a firmar el divorcio, pero pasados algunos meses, él comenzó a insistir en la separación formal, porque al parecer ya sostenía una relación sentimental con una colombiana, con la que ya tiene un hijo.

Un mal día, Maggie le permitió al padre de Lucca llevárselo y fue la última vez que ella lo tuvo entre sus brazos. Han pasado siete semanas desde que madre e hijo ya no están juntos, solo ha podido verlo por una videollamada.

Maggie pide ayuda al DIF estatal, al gobernador Mauricio Vila Dosal y a todo aquel que pueda apoyarla para que la asesoren y se reencuentre con su niño, quien perdió terapias de lenguaje que acababa de comenzar, además de que dejó de ir a la escuela porque el padre no lo lleva.

De acuerdo con el periódico Tribuna, el padre del pequeño es Marco Antoine Ávila Bernes, dueño de tres empresas de construcción que está vinculado con José Arturo Chab Cárdenas, encargado de la Dirección del Centro INAH Yucatán.

El pasado de 7 de junio, el Congreso de Yucatán aprobó reformas para reconocer a este tipo de violencia como un delito que amerita hasta ocho años de cárcel, que aunado a los actos de corrupción podría merecer una pena mayor.

La violencia vicaria se describe como el daño que causa el padre a sus hijas e hijos para generar dolor a la madre.