PLAYA DEL CARMEN.- Habitantes de comunidades aledañas a la mina de Calica, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, interpusieron ante el Juez de Distrito con sede en Cancún, una acción colectiva contra la empresa Sac-Tun (que opera Calica).

Los agraviados acusan a la empresa de graves violaciones contra el derecho constitucional de los ciudadanos a un medio ambiente sano y libre de contaminación, particularmente el derecho superior de los niños a un desarrollo saludable, y exigir que la empresa lleve a cabo las labores de remediación o reposición por el daño causado al acuífero y a la biodiversidad.

Durante la presentación de la demanda, Quetzal Tzab, representante común de los demandantes, señaló que recientemente se difudieron estudios de instituciones como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto de Ecología y Cambio Climático, en los que se revela la presencia de diversos contaminantes perjudiciales para la salud de la gente y para el ecosistema en su conjunto.
También conocieron por los medios de comunicación que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha registrado la violación permanente por parte de la empresa, de las condicionantes establecidas en sus permisos, lo cual causa grave deterioro ambiental que se observa en la zona.

Cuando las comunidades conocieron esos estudios y dictámenes, señaló Quetzal Tzab, relacionaron diversas afectaciones a la salud de los niños, así como el evidente deterioro en la calidad del agua y pérdida de biodiversidad, con la explotación de la mina, que detenta una superficie que se extiende por 2,400 hectáreas, a escasos kilómetros de donde se ubican algunas de las comunidades afectadas, incluyendo jardines de niños y primarias.

Durante el evento estuvo presente la maestra Lucely Tuz, quien vive en la zona aledaña a la mina y quien a nombre de los demandantes exigió el cierre definitivo de la mina, y que la empresa asuma su responsabilidad, haciendo lo necesario para revertir o compensar a las comunidades mediante acciones sustitutas, por el daño ambiental causado por la empresa.

Por su parte, Raúl Benet, asesor ambiental de los demandantes, dijo que durante más de treinta años la empresa ha detonado continuamente grandes cantidades de explosivos del tipo de los hidrogeles, perforando varios metros por debajo del nivel freático, y ha vertido al acuífero concentraciones significativas de nitritos y otros contaminantes, además de haber liberado a la atmósfera y al mar Caribe inmensas cantidades de finísimo polvo calizo muy dañino para la salud de la población, y en particular de la niñez.

Además desmontó cientos de hectáreas de selva, devastó el suelo y el subsuelo de la zona, y desvío el curso de las corrientes subterráneas, apropiándose de inmensos volúmenes de agua, muy superiores a los aprobados, según se desprende de los estudios publicados recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente.

Agregó que si bien la empresa contaba con algunos permisos otorgados durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la violación constante y permanente de las condicionantes establecidas y los volúmenes aprobados en tales permisos, ha sido causa fundamental del gran impacto social y ambiental que la explotación ha significado.

Benet añadió que esta y cualquier otra empresa que viole las condicionantes establecidas en sus permisos, y que tenga como resultado un grave deterioro ambiental y la violación de los derechos de la colectividad, tienen que ser llevados a juicio, sus operaciones deben ser clausuradas definitivamente, y las empresas tienen que responder por los daños ambientales y sociales causados.

En cuanto a las clausuras efectuadas por el gobierno federal, Quetzal Tzab dijo que son medidas necesarias y urgentes, pero que no son suficientes, pues además de la clausura definitiva es imprescindible que la empresa pague o lleve a cabo las acciones sustitutas que dicte el juez, por los inmensos daños causados.

Calica es una mina propiedad de Vulcan, la gigante norteamericana del Asfalto, que ha demandado a México y exige el pago de miles de millones de pesos por el cierre de sus operaciones en la zona.

La acción colectiva es un recurso legal consagrado en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que permite a las comunidades obtener la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos en materia de medio ambiente, en este caso el derecho constitucional a un medio ambiente sano y el derecho superior de la niñez a un desarrollo saludable. Con base en este instrumento, los demandantes reclaman la restitución del ecosistema al estado que guardaba antes de la afectación, o en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos de la colectividad.