Millones de colillas se tiran cada año, liberando residuos plásticos tóxicos que pueden tardar décadas en descomponerse.

Alrededor de una quinta parte de los españoles fuma todos los días, según cifras de 2020.

La normativa entró en vigor el viernes, pero aún no está claro cómo se aplicará ni si los costos se trasladarán a los consumidores.

Un informe de la Fundación Catalana Rezero estimó que las autoridades locales de Cataluña pagan anualmente entre 12 y 21 euros (US$13-22 dólares) por habitante en concepto de limpieza de cigarrillos en las vías, con tasas más elevadas en zonas costeras.

El documento califica a los residuos de cigarrillos como «los más abundantes» en las playas del Mediterráneo occidental y añade que las medidas existentes para reducirlos, como campañas de sensibilización y ceniceros portátiles en las playas, han sido insuficientes.

Las nuevas normas responsabilizan a los fabricantes de la recogida de colillas desechadas, así como de su transporte para el tratamiento de los residuos.

La asociación de la industria tabacalera, la Mesa del Tabaco, declaró que sigue esperando detalles sobre cómo se aplicará la normativa, según informan medios locales.

La mayoría de colillas contienen filtros de fibra de acetato de celulosa, un tipo de bioplástico.

Según los científicos, la contaminación por microplásticos puede dificultar el crecimiento de las plantas.

Las nuevas normas pertenecen a una ley aprobada el año pasado que prohíbe los plásticos de un solo uso, como cubiertos y pajitas o sorbetes, elaborada para cumplir una directiva de la Unión Europea.

Irlanda introdujo el jueves una legislación similar que obliga a las tabacaleras a contribuir al coste de la basura de los cigarrillos.

Casi la mitad de la basura en Irlanda está relacionada con los cigarrillos, según el Sistema Nacional de Vigilancia de la Contaminación por Basura del país.

España ha introducido una serie de medidas radicales para frenar el tabaquismo en los últimos años.

El pasado mes de julio se prohibió fumar en todas las playas públicas de Barcelona y se multó a los infractores con 30 euros (32 dólares).