MÉRIDA, Yucatán.- En apego a la ley y para evitar que revoltosos políticos desestabilicen en Yucatán, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a 42 personas que ilegalmente se apoderaron de un terreno en Chicxulub Puerto, las cuales cuando intentaron sacarlas se pusieron violentas.

La diligencia ministerial para desalojarlos comenzó de manera ordenada y pacífica, pero derivó en actos de violencia por parte de los paracaidistas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) a solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) auxiliaron en la práctica y el desarrollo de la diligencia ministerial, a partir de las 3 de la madrugada.

La diligencia de aseguramiento se realizó con fundamento en el Artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales que faculta a la autoridad establecer controles específicos para el resguardo del bien inmueble.

Al principio el procedimiento para retirar a los invasores se realizó sin contratiempos, pero poco después presuntos promotores de la invasión incitaron a la gente a agruparse en la calle donde vive el comisario municipal de Chicxulub Puerto, en el centro de la población.

A partir de esos momentos se fueron intensificando las agresiones verbales y físicas contra los policías estatales.

Momentos después personas regresaron al terreno. Prendieron fuego a la maleza y lanzaron piedras, botellas y palos contra los uniformados que custodiaban el terreno previamente asegurado por las autoridades ministeriales, lesionando a algunos.

La Policía trató de disuadir de palabra a los agresores y ante la negativa de éstos procedieron a su detención.

Se detuvo a 26 hombres y 16 mujeres, entre ellos un varón y dos mujeres adolescentes, y se aseguraron 17 motocicletas; dos bicicletas y una camioneta que dejaron abandonadas en su huida; mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

La FGE en coordinación con la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP, trabaja en la identificación de probables responsables de delitos relacionados con la invasión de esa superficie para que, en su caso, solicite a un Juez de Control las órdenes de aprehensión correspondientes.