Regidores del PAN e integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Ramo 33, hicieron públicos en redes sociales, documentos de expedientes de la primera priorización de obras, lo que fue señalado en cabildo por el alcalde Renán Barrera Concha como un hecho que podría motivar a algún tipo de denuncia administrativa o penal.

La regidora priista Alejandra Cerón Grajales, aclaró que en la cuenta de la red social «facebook» «Regidores PAN 2012-2015», se exhibe información editada el 31 de enero a las 3:01 pm, donde dice, entre otras cosas, que los ediles panistas «notificaron al Ayuntamiento sobre una sustracción irregular de información considerada como personal y protegida por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, lo que podría ser motivo de delito».

«En esa información se dice que le he dado uso irresponsable a los expedientes de los beneficiarios de la primera priorización, que los manipulé y sustraje información, lo que es totalmente absurdo y falso porque lo único que hice fue documentar todas las irregularidades para tener constancia. Pero lo más grave es que en esta cuenta se muestran fotografías con regidores del PAN y miembros del Comité, que exhiben copias con el «IFE» de ciudadanos beneficiarios y números de expedientes. Son los regidores del PAN y miembros del Comité los que han exhibido públicamente información protegida, por lo que espero que el alcalde cumpla su palabra», manifestó la regidora priista.

Cabe recordar que la edil del Revolucionario Institucional revisó la semana pasada, parte de los expedientes de la primera priorización de obras del Ramo 33 que presentó Julio Sauma Castillo como Director de Desarrollo Social. Señaló las graves anomalías e irregularidades en la integración de los expedientes, lo que desató la molestia del alcalde y regidores panistas, que se ha demostrado con descalificaciones y amenazas personales hacia la edil priista y ahora en las redes sociales.

Incluso el primer edil dijo en esa sesión ordinaria de cabildo del 30 de enero lo siguiente: “Con todo respeto señora regidora y por la forma en que usted se ha comportado en el Comité y con los presuntos ilícitos o irregularidades en su comportamiento en dicho Comité, pues estaremos en la posición de poder hacer lo correspondiente como Ayuntamiento.  Yo solicitaría eso y que también se tomen las mismas revisiones con el personal que está asignado a la regidora para revisar su actuación”.

La regidora reiteró que «en ningún momento he exhibido información y fotografías en mis redes sociales de la primera priorización como lo han hecho los regidores del PAN. Ahí están plasmadas las evidencias de su doble moral, mentiras y engaños a la ciudadanía. Ahora exhorto al alcalde que honre su palabra y que realice las investigaciones para documentar las denuncias correspondientes, como él mismo lo ha señalado».

En las fotografías se observa a la regidora panista Manuela Cocom sosteniendo un expediente donde se aprecia el número de folio mientras que otra integrante del Comité de Participación Ciudadana sostiene una copia que exhibe la identificación oficial «IFE» por ambos lados de cuatro personas.

La «extracción» de dicha información también se aprecia en un boletín oficial emitido el jueves 29 de enero, que está publicado en la página web oficial del Ayuntamiento de Mérida (www.merida.gob.mx).

«Quiero dejar constancia y reiterar que algunos miembros del Comité y ediles del PAN son los responsables directos del señalamiento del alcalde, de manipular y extraer información protegida, por lo que espero cumpla su palabra».

«Es muy lamentable y poco ético que el Alcalde y sus regidores actúen con una doble moral ante la evidencia de sus actos. No estoy dispuesta a encubrirlos, por lo que estoy analizando la denuncia que interpondré por daño moral así como el recurso legal ante las autoridades correspondientes para conocer e informar a la ciudadanía el incierto uso y destino que le están dando Renán Barrera Concha y Julio Sauma Castillo (director de Desarrollo Social Municipal), a más de 61 millones de pesos del Ramo 33, por presuntos desvíos de recursos públicos federales etiquetados para el combate a la pobreza extrema».