El Congreso de México avanza en la aprobación de un impuesto de 42 dólares por pasajero para los cruceros que arriben a los puertos del país, lo que ha desatado un intenso debate entre la industria turística, representantes empresariales y el Gobierno.

Mientras la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) advierte de que México perdería competitividad frente a otros destinos, las cámaras de comercio y turismo subrayan que el impuesto podría tener efectos mixtos en las economías locales, en tanto que la presidenta, Claudia Sheinbaum, defiende el ajuste y ha instruido un acercamiento con la industria que ha levantado la voz.

La directora de la FCCA, Michele Paige, alertó de que la medida, que entraría en vigor el 1 de enero, desincentivaría las visitas a México, que se volvería un destino poco competitivo frente a otros.

Según cálculos de la asociación, una familia de cuatro personas enfrentaría un cargo adicional de 200 dólares.

Paige defendió que la industria de cruceros genera un impacto directo de mil millones de dólares anuales y crea más de 20,000 empleos, mientras que los pasajeros en tránsito gastan en promedio 90 dólares por persona en las comunidades que visitan y sus miembros de la tripulación aportan 60 dólares adicionales.

Explicó que este cargo hará del turismo de cruceros en México un 213 % más caro, al advertir de que la mayoría de los cruceros de 2025 ya están reservados y pagados.

Sector terciario está preocupado por impuesto a cruceros

En sintonía con las preocupaciones de la FCCA, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) advirtió de que el impuesto perjudicaría la economía de las localidades que dependen del turismo marítimo.

El organismo empresarial subrayó en un posicionamiento que las líneas de cruceros son un motor para el desarrollo económico en destinos clave como Cozumel, Mahahual, Puerto Vallarta, Acapulco, Ensenada, Puerto Chiapas, Puerto Progreso y Los Cabos, donde el turismo de cruceros representa hasta el 90 % de los visitantes.

La Concanaco también compartió preocupación sobre la competitividad de México, pero matizó que con una correcta implementación y uso de los recursos, el impuesto representaría una oportunidad para modernizar la infraestructura portuaria y atraer más turismo de calidad.

Asimismo, previó que, de implementarse, surgirían conflictos legales y logísticos, pérdida de empleos y cancelación de inversiones en infraestructura portuaria.