PROGRESO, Yucatán.- Una tormenta política se avecina sobre Julián Zacarías Curi, dos veces alcalde de Progreso por el PAN, luego de que autoridades federales y estatales aseguraran cerca de 180 mil litros de combustible, presuntamente robado, en un predio que de acuerdo con documentos oficiales, está registrado a nombre del ex edil.

El terreno, de aproximadamente 5 mil metros cuadrados, se ubica en el Polígono Industrial de Progreso, a la altura de Flamboyanes y frente a una cementera. Ahí se colocaron sellos de clausura de Protección Civil estatal y municipal mientras elementos de seguridad federal y agentes ministeriales revisan contratos, pagos y movimientos financieros ligados a la propiedad.

El predio colinda con una residencia de fin de semana de Zacarías Curi, casa en la que tiene animales exóticos y que cuenta con helipuerto, misna que ya había sido documentada en una investigación realizada por autoridades federales cuando el fue alcalde, entre 2018 y 2024.

Tras el cateo, Zacarías Curi difundió que dio en renta el terreno en febrero pasado, aunque esta versión la tendrá que precisar ante las autoridades que ya lo investigaban desde antes del decomiso, pues la FGR ya sabia que el predio era suyo y que ahí había huachicol, motivo por el cual se ordenó el cateo.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que su nombre aparece en reportes internos que revelan posibles vínculos entre la red de almacenamiento ilícito y propietarios o arrendadores de terrenos en la zona.

Organizaciones ciudadanas exigen que el exalcalde transparente los contratos y los ingresos derivados de ese arrendamiento, y que explique con precisión qué supervisión realizó sobre las actividades en su propiedad.

La Fiscalía continúa analizando si hubo conocimiento o participación del exedil en el almacenamiento del combustible ilegal. Mientras tanto, crecen las voces que piden sanciones ejemplares si se demuestra que un ex servidor público facilitó, aunque fuera por omisión, la operación de una red de huachicol en territorio yucateco.

El caso abre un debate urgente sobre la responsabilidad de quienes administran o rentan bienes en sectores vulnerables al crimen organizado: ¿puede un político deslindarse por completo cuando su patrimonio se ve implicado en un decomiso de tal envergadura? La respuesta dependerá de las pruebas que arrojen las investigaciones, pero la presión social ya exige transparencia total y rendición de cuentas.