Un tribunal de Venezuela condenó a la pena máxima a Marggie Orozco, médica general de 65 años, por difundir un audio en WhatsApp en el que criticaba al gobierno de Nicolás Maduro, informaron este lunes dos organizaciones defensoras de derechos humanos a la AFP.

Orozco fue sentenciada a 30 años de prisión por los delitos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración. La detención ocurrió en agosto de 2024, en San Juan de Colón, estado Táchira, durante la crisis poselectoral generada tras la reelección de Maduro.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón detalló que la médica fue denunciada por dirigentes comunitarios afines al chavismo luego de que criticara la gestión gubernamental en un audio y llamara a participar en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Condiciones de detención y estado de salud

Desde su detención, Orozco permanece recluida en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana, Táchira. Según las organizaciones, ha sufrido dos infartos en los últimos dos años, el más reciente en septiembre de 2024.

“Padece depresión crónica tras la dolorosa pérdida de dos de sus hijos: uno fue víctima de un intento de atraco y el otro murió en un accidente”, informó Justicia, Encuentro y Perdón.

Uso de leyes penales para silenciar la disidencia

La condena impuesta a Orozco representa la pena máxima establecida en el artículo 37 del Código Penal venezolano. Esta disposición fija los 30 años de prisión como límite para delitos graves como la traición a la patria.

De acuerdo con Human Rights Watch, Venezuela ha intensificado el uso de leyes penales contra la disidencia desde que se anunciaron las elecciones presidenciales de 2024. Las figuras de incitación al odio y conspiración han sido aplicadas ampliamente desde la promulgación en 2017 de la Ley contra el Odio, criticada internacionalmente por su uso arbitrario.

Aumento de presos políticos y vigilancia en Táchira

Según cifras de Foro Penal actualizadas al 1 de noviembre de 2025, en Venezuela hay 886 presos políticos, entre militares y civiles detenidos sin debido proceso.

El caso de Orozco refleja una tendencia señalada por Amnistía Internacional: la judicialización de ciudadanos por expresiones realizadas en redes sociales o aplicaciones como WhatsApp, incluso en contextos privados.

El Sistema Patria, herramienta utilizada para denuncias y distribución de subsidios, ha sido criticado por organizaciones como Access Now por fomentar mecanismos de control social e incentivar la delación entre ciudadanos vulnerables.

El estado Táchira, fronterizo con Colombia, ha sido uno de los más vigilados por el régimen chavista. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, al menos 19 manifestantes fueron arrestados sin orden judicial en esta región entre agosto y octubre de 2024.