El grupo de hackers Chronus cumplió su amenaza y filtró alrededor de 2.3 terabytes de información confidencial perteneciente a al menos 25 instituciones públicas, entre ellas Morena, el SAT, IMSS Bienestar y otras dependencias del gobierno federal. De acuerdo con estimaciones preliminares, la filtración podría haber expuesto los datos personales de aproximadamente 36.5 millones de personas.

El ataque vuelve a evidenciar la incapacidad del gobierno federal para proteger información sensible, pese a manejar bases de datos críticas de la población. La situación genera especial preocupación debido a que, de manera paralela, las autoridades insisten en impulsar medidas como el registro obligatorio de líneas celulares y la recolección de datos biométricos, aumentando el riesgo de un uso indebido o nuevas vulneraciones.

Especialistas advierten que, sin una estrategia sólida de ciberseguridad y rendición de cuentas, estas políticas representan un peligro mayor para la privacidad de los mexicanos.