El Vaticano inició una investigación canónica contra el sacerdote Emanuel Shaleta, miembro de la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol de San Diego, por presuntas irregularidades financieras y conducta inapropiada.

El medio especializado The Pillar indica que la indagatoria fue ordenada en julio de 2025 y delegada al arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, conforme a los procedimientos internos de la Iglesia católica.

Shaleta ya había sido sujeto de revisiones previas por presunta malversación de fondos y posibles delitos de índole sexual, según el mismo reporte periodístico.

Un investigador privado exagente del FBI siguió al sacerdote desde San Diego hasta Tijuana, donde dejaba su vehículo en el estacionamiento del Hong Kong Club, establecimiento señalado en la investigación como un burdel.

Según la publicación, Shaleta realizaba visitas con una periodicidad de varias veces por semana, hasta que fue cuestionado formalmente y redujo la frecuencia a unas cuantas veces por mes.

El informe también sostiene que el sacerdote frecuentaba el domicilio de una mujer con quien presuntamente compartía una cuenta bancaria. De acuerdo con documentos citados por The Pillar, ambos se conocieron cuando trabajaban en Michigan y mantuvieron contacto tras traslados posteriores a Toronto y San Diego. El investigador afirmó que Shaleta tenía acceso irrestricto a la vivienda de la mujer y que ella también ingresaba a la residencia del sacerdote.

Además de la investigación canónica, el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego confirmó que su Unidad de Fraude mantiene abierta una indagatoria activa por presunta “malversación financiera” contra un miembro de alto rango de la eparquía.

Según el reportaje de The Pillar, los documentos revisados indicarían que el sacerdote pudo haber aceptado pagos en efectivo en nombre de la parroquia y posteriormente reembolsado esos montos desde una cuenta destinada a asistencia caritativa.

El medio señala que faltarían más de 427 mil dólares, aunque la cifra total podría ascender hasta un millón de dólares. Asimismo, se informó que contadores forenses estarían revisando los registros financieros ante la posibilidad de presentar cargos penales.

La publicación también indica que el caso sería del conocimiento del nuncio apostólico en Estados Unidos.

Un portavoz del Departamento del Sheriff confirmó a medios locales que la investigación se encuentra en curso, pero no ofreció mayores detalles por tratarse de un proceso abierto.

Hasta el momento, ni la eparquía ni el sacerdote han emitido un posicionamiento público detallado respecto a las acusaciones.