MÉRIDA.- La diputada federal Cinthya Valladares Couoh afirma que la iniciativa de ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que envió el presidente Enrique Peña Nieto, tiene graves carencias y entre ellas está que no considera la creación de un órgano rector que garantice y proteja los derechos de niñas,  niños y adolescentes y por el contrario la  iniciativa presidencial prefiere dejarle al DIF Nacional este tema, y por tanto depender del presupuesto de esta dependencia.

La ex regidora meridana afirma que la cámara de diputados debe considerar el impacto presupuestal, para realizar las tareas y acciones encaminadas a apoyar a los menores de edad y adolescentes.

“Con esta iniciativa Peña Nieto y el PRI pretenden sacar beneficio político de un tema tan importante para nuestro país, como es el asunto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de modo que debe ser planteado responsablemente y darle recursos propios”, precisa la diputada federal.

En entrevista, la diputada explica que el órgano rector será el responsable de atender las políticas públicas en materia de derechos de la niñez y que la organización y funcionamiento del instituto se regirá de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

“Dicho órgano tendrá a su cargo el Programa Nacional de Garantía y Protección de los Derechos de las niñas,  niños y adolescentes; además de que será el encargado del seguimiento y evaluación, así como de vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas del mismo”, precisa la diputada secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez, de la Cámara de Diputados.

Cinthya Valladares explica que otra laguna en la iniciativa presidencial es que ésta no toma en cuenta las violaciones a los derechos de la niñez que se realizan con menores indígenas, como sucede en Chiapas, en donde prácticamente se vende a las niñas.  

Por esta razón, explica la legisladora, propone que el Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y los alcaldes deberán garantizar y proteger el derecho de la niñez indígena a conservar su identidad, lengua, cultura y costumbres, sin que ésto transgreda el interés superior de la niñez.  

Además, deberán fortalecer la protección especial que el Estado brinde a la niñez indígena para garantizar su desarrollo integral y su acceso pleno a las oportunidades de progreso en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Para garantizar el pleno respeto a los derechos de los niños, los tres ámbitos de gobierno deberán contar con los intérpretes y traductores de lengua indígena necesarios.

La iniciativa del presidente la analiza el Senado, donde tienen como fecha el 30 de este mes para dictaminar y turnar a la Cámara de Diputados.

Cinthya Valladares explica que, otra de las graves carencias de la iniciativa del presidente es que no tomó en cuenta la experiencia y propuestas de las ONGs.

“En la Cámara de Diputados se trabajaba hace más de 1  año, para hacer una ley integral,  que tomó en cuenta a las asociaciones no gubernamentales que apoyan a los menores, que son siete de cada 10 centros de asistencia a éstos, pero cuyas propuestas no  considero el Ejecutivo Federal”, precisa la entrevistada.

La diputada explica que entre los que públicamente se han inconformado por la decisión unilateral del Ejecutivo federal está la Red por los Derechos de la Niñez en México (REDIM), que exige se tome en cuenta la opinión del sector privado que atiende a los niños y convoca a un amplio debate sobre el tema.

Hoy en la mañana, la diputada ofreció una rueda de prensa, en la que habló del tema y en la que estuvo acompañada de la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.