Ladrones huyen de Yucatán y dejan a jueza como novia de pueblo

Chiflando en la loma se quedó el Juzgado Primero de Control de Mérida, pues los «boqueteros» de una casa de empeño en Baca jamás llegaron a la audiencia para formularles cargos por el delito de hurto que se les atribuye.

La semana pasada los sujetos fueron aprehendidos por un robo en el establecimiento, pero fueron liberados por la titular del Juzgado, Suemy Lizama Sánchez, quien consideró ilegal la detención, porque los policías de Baca los arrestaron «a la antigüita», es decir, que no siguieron los protocolos que establece el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Sin embargo, tras la liberación tenían que presentarse de manera voluntaria el martes 9 de junio, a las 10 de la mañana, a la audiencia de imputación de cargos, pero no lo hicieron.

Ahora se determinará si son considerados sustraídos de la justicia y se solicita una orden de aprehensión en su contra o se declara la nulidad del proceso por las irregularidades detectadas.

Los acusados son Eliut Romero Barahona y Miguel Ángel Cetina, de 45 y 37 años de edad, respectivamente, quienes son fuereños originarios de Quintana Roo, Veracruz o Campeche.

Los sujetos fueron detenidos en pleno robo en la casa de empeño «La Pirámide», en el municipio de Baca. Al ser capturados, los policías les dieron una «calentadita», es decir, los golpearon además de que los sometieron a un interrogatorio. Las lesiones que presentaban fueron uno de los motivos que llevó a la jueza a declarar como ilegal su detención.

Además, los agentes municipales no apuntaron en su reporte la hora a la que se realizó el arresto y tampoco señalaron la hora en que los presentaron ante el Ministerio Público.

Esto deja en claro que los agentes municipales necesitan cursos intensivos sobre las nuevas dispisiciones penales que se aplican a raíz de los juicios orales. De no hacerlo, continuará la liberación de delincuentes como en este caso de los boqueteros.

1 thought on “Ladrones huyen de Yucatán y dejan a jueza como novia de pueblo

  1. Las policías municipales deberían tener como directores a abogados con conocimiento en el nuevo sistema de justicia penal.

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