Por segunda ocasión, Jonathan Rey Torres Alvarado alias «López Conejo II» la libró, porque de nuevo consiguió que se le dejara libre sin tener que depositar una garantía económica por el trágico accidente que propició en la avenida Quetzalcóatl.

El juez Luis Armando Mendoza Casanova tampoco aceptó que se le impusiera un brazalete electrónico para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia.

En lo que fue la segunda audiencia de imputación, tras ordenar el juez que se repusiera la primera por inconsistencias en la detención del sujeto, todo quedó prácticamente igual, y se citó para la diligencia de vinculación el próximo martes 25 de agosto.

Los representantes de la Fiscalía General del Estado solicitaron al juez imponer al procesado las siguientes medidas cautelares: la presentación de una garantía económica suficiente, la prohibición de salir del Estado, presentarse a firmar periódicamente ante una autoridad judicial y la colocación de un dispositivo electrónico.

Aunque podían, los fiscales no solicitaron la medida cautelar de cárcel preventiva.

Al final de cuentas solo se le impuso a Jonathan Rey la prohibición de salir de Yucatán y presentarse a firmar ante la administración del juzgado los días viernes y lunes.

La defensa manifestó que no eran necesarias las medidas cautelares solicitadas por los fiscales, dado que su defendido asistió de manera voluntaria a la audiencia.

El juez Mendoza Casanova mencionó que si bien el delito no es considerado grave en la ley vigente, sí lo fue por la forma en que se cometió, por lo que encontró necesaria la imposición de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, consistentes en la prohibición de salir del Estado de Yucatán y presentarse a firmar ante la administración del juzgado los días viernes y lunes.

El juez explicó en la audiencia que no accedió a la medida cautelar de la imposición de garantía suficiente, debido a que los fiscales no motivaron ni fundamentaron su petición, ya que no pidieron una cantidad en específico.

En el caso de la colocación del dispositivo electrónico, dijo, esta solicitud resulta incongruente, puesto que su cobertura restringe la movilidad en el primer distrito judicial del Estado, básicamente la ciudad de Mérida, lo que se contrapone a la prohibición de salir del Estado, que ya habían solicitado como primera medida los fiscales.

El pasado 15 de agosto, Torres Alvarado atropelló y mató a una mujer que se disponía a cruzar el paso peatonal frente a la Delegación Oriente de la Cruz Roja.

El sujeto, que iba acompañado de otro joven igual ebrio, reaccionó cuando empleados de una gasolinera y un supermercado le gritaron que había arrollado a la mujer, identificada como Olivia Ruz Castillo, de 52 años de edad, quien sufrió graves heridas que ameritaron su traslado a un hospital, donde murió poco después.

Jonathan Rey se detuvo, pero no para auxiliar a la víctima, sino para echar reversa y posteriormente pisar fuertemente el acelerador para darse a la fuga. Sin embargo, fue detenido en la misma avenida Quetzalcóatl, unos metros antes de llegar al Periférico.

Este accidente recuerda el que protagonizó Jovanny López Conejo el pasado 29 de junio en Ciudad Caucel, donde atropelló el motocarro en el que iban una pareja que vendía pan. Sin embargo, las autoridades consideraron que el causante del percance fue el conductor del vehículo ligero y absolvieron al automovilista borracho.

Este peritaje causó polémica e incluso motivó marchas y protestas, a tal grado que vecinos de Ciudad Caucel cerraron el Periférico.

Posteriormente se realizó un segundo peritaje al accidente, pero hasta ahora no se conocen los resultados.