Un vecino de Pensiones cayó en la trampa de extorsionadores telefónicos que le exigían $25,000 creyendo que su hija fue secuestrada,

El hombre afectado, Asael Cetina, de 59 años de edad, estuvo a punto de pagar el dinero, lo que evitaron agentes ministeriales a los que pidió ayuda.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía estatal, el vecino de  Residencial Pensiones solicitó auxilio ante el supuesto secuestro de su hija por parte de desconocidos.

Luego de varias llamadas telefónicas en las que hicieron creer a la víctima que su hija estaba en peligro, el afectado pidió apoyo a los agentes ministeriales, momentos antes de depositar los primeros 25 mil pesos que le habían exigido.

Tras el llamado de auxilio, los elementos de la FGE contactaron al afectado, quien contó que sonó su teléfono y al contestar le hicieron saber que supuestamente su hija había sido privada de su libertad.

El afectado dijo  que un sujeto le había llamado a su teléfono de casa para exigirle en primera instancia la citada cantidad de dinero porque tenía secuestrada a su hija, poniéndole al auricular la voz de una persona del sexo femenino que lloraba al tiempo que le decía que era su hija y que la habían secuestrado.

La comunicación con la mujer fue interrumpida por la voz masculina que exigió el pago de dicha cantidad si quería volver a ver a la supuesta víctima, proporcionando un número de cuenta del Banco Azteca a nombre de “Davíd Sebastián Castañeda Galván” y tras obligarlo a que les diera el número de su teléfono celular, el sujeto comenzó a hostigarlo por medio de los teléfonos 4774009847 y 6644640891 que corresponden a números foráneos.

Entre las exigencias le pidieron que describiera la forma en que iba a ir vestido al banco para poder identificarlo y para asegurarse que iba a realizar el depósito, para después indicarle donde iba a ir por su hija.

Al llegar al lugar, los elementos de ETRI contactaron a la hija del afectado, una joven de 28 años, confirmando que se encontraba bien y estaba totalmente ajena al drama que estaba viviendo su padre, a quien se recomendó acudir ante el Ministerio Público para denunciar y dejar constancia de la anomalía en previsión de que otras personas puedan ser nuevas víctimas.