Los funcionarios estatales acusados de desvío de recursos, de ser hallados culpables, alcanzarían una sanción menor, de cuando mucho cuatro años de cárcel.
Además, como el nuevo sistema penal oral se permiten acuerdos entre la autoridad y el acusado, ellos podrían ‘negociar’ y recibir una sentencia mínima.
Cualquiera que sea la sanción, la podrán conmutar, es decir pagar dinero o realizar trabajos en favor de la comunidad y de esta forma ya no seguirían encarcelados.
A los dos acusados, Edwin Manuel Lugo Tzab y David Marcelino Canché Marrufo, como informamos, se le decretó prisión temporal por cinco meses, mientras tanto continuarán las investigaciones del caso.
Son acusados de falsificación de documentos en general, por el desfalco superior a los $3 millones ocasionados a la Agencia de Administración Fiscal del Estado,
El Artículo 283 del Código Penal sanciona con pena privativa de libertad de 6 meses a 3 años.
Sin embargo, la sanción pudiera incrementarse hasta una mitad si el falsificador obtiene provecho para sí o para otro en perjuicio de la sociedad, el Estado o de un tercero y sería sancionado de 9 meses a 4 años y medio.
El monto desfalcado tendría que ser reclamado ante otra instancia.
Como informamos, tras una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado se pusieron al descubierto los malos manejos de los trabajadores, quienes fueron denunciados por el director de dicha institución.
Tres meses fue el plazo establecido por el Juez de Control para el cierre de la investigación.