Modernos piratas pretendieron escabullirse de la justicia yucateca
El tribunal colegiado en materias penal y administrativa resolvió que un juez de control del Poder Judicial del Estado es competente para conocer de un caso de robo calificado cometido con violencia y en pandilla, en una zona marítima en julio pasado.
Este asunto cobró importancia, pues fue perpetrado por un comando armado que asaltó en el Arrecife Alacranes a dos embarcaciones pesqueras para robar alrededor de un millón de pesos en productos marinos.
El 8 de agosto pasado, el juez de control del primer distrito, Luis Edwin Mugarte Guerrero, dictó auto de vinculación a proceso contra José Jesús Medina Iuit, Angel y César Ricardo Díaz del Castillo Serrano, en la cual les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
En esa audiencia, los defensores particulares, Rubén Enrique Guerrero Castellanos y Jorge Valencia Palomo, solicitaron la incompetencia por razón de fuero, pero en esa ocasión el juez Mugarte Guerrero resolvió no acceder a la solicitud, argumentando su competencia para conocer del asunto.
En consecuencia, los abogados acudieron ante el juez de control especializado en el sistema acusatorio federal e hicieron valer la incompetencia por inhibitoria, la cual declaró procedente dicho juzgador.
El 19 de agosto, el juez de control del Poder Judicial del Estado planteó el conflicto competencial, un recurso que realizó ante una instancia superior, es decir un Tribunal Colegiado, para analizar y resolver sobre la competencia de los dos juzgadores, y como consecuencia, este tribunal resolvió a favor del juez Mugarte Guerrero, por lo que conocerá del asunto en cuestión, y si se da el caso, hasta la etapa intermedia cuando emita un auto de apertura a juicio oral.
El tribunal colegiado en materias penal y administrativa del decimocuarto circuito determinó que el asunto penal corresponde al fuero común y le otorgó la razón al juez de control del Poder Judicial de Yucatán, debido a que es legalmente competente por razón de fuero, toda vez que los hechos acontecieron en la zona económica exclusiva, la cual pertenece al fuero común.
Los hechos mencionados por los fiscales ocurrieron el 11 de julio, aproximadamente a las 21:30 horas, cuando los hoy vinculados en compañía de otras personas abordaron una embarcación denominada «Propemex 41-G», donde con ropa negra, chalecos antibalas que tenían la leyenda de «Policía Estatal», pasamontañas y armas de fuego amagaron a los tripulantes y se apoderaron de cinco motores y 850 kilogramos de langosta caribeña.
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