Los dos psiquiatras acusados de matar a su colega Felipe Triay Peniche finalmente si hicieron uso de la voz antes de que el juicio en su contra se clausurará ayer miércoles.

Ambos dijeron ser inocentes y aseguraron no haber matado a su colega.

Pese a que en un principio se reservaron el derecho a declarar algo, al concluir la audiencia de alegatos, ambos hicieron uso de la voz.

Pablo Santos García Gutiérrez pidió que no sea olvidado que fue privado de su libertad desde el viernes 22 de agosto (2014)

Manifestó que fue objeto de tortura y que fue expuesto ante los medios de comunicación, que todo lo demostrado por los fiscales fue una simulación y que no tuvo razón para privar de la vida al hoy extinto, por lo que se consideró inocente y pidió al Tribunal resuelva conforme a Derecho.

Su coacusado, Enrique Lara González manifestó, que a lo largo del juicio quedó demostrado que la fiscalía no probó su participación en el delito.

Se consideró inocente, que nunca participó en el homicidio y tampoco tuvo comunicación con la víctima en el día que refirieron los fiscales, así como también reiteró que fue detenido ilegalmente.

Sin embargo, los fiscales manifestaron que con los medios de prueba ofrecidos y desahogados en el juicio, el Tribunal podrá emitir una sentencia condenatoria, solicitando “las penas máximas” a imponer, ya que fueron los acusados quienes en coautoría llevaron a cabo el homicidio con premeditación, alevosía, ventaja y traición.

El representante legal de las víctimas indirectas (la familia del asesinado) se adhirió a las pretensiones de los fiscales y expuso que las pruebas ofertadas por éstos fueron suficientes e idóneas para acreditar la culpabilidad de los acusados, ya que por medio de los testimonios que desfilaron en el juicio, «el hoy occiso pudo hablar para esclarecer los hechos».

Por su parte, la defensa de Enrique Lara manifestó que su defendido no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo y que esto quedó comprobado con las testimoniales que ofertó y que se desahogaron ante la autoridad judicial, mismas que afirmaron que su cliente se encontró el día 16 de agosto en la Isla de Cozumel.

La defensora también mencionó que las periciales ofertadas por los fiscales no deben tener valor probatorio, debido a que no se realizaron con la metodología adecuada, así como también señaló que hubo inconsistencias en los indicios levantados y que relacionan a su patrocinado y en su exposición se apoyó con la proyección de diversas placas fotográficas.

En su oportunidad, la defensa del Pablo García expuso que las pruebas desahogadas por la parte acusadora carecen de eficacia probatoria y solicitó el sobreseimiento del caso debido, dijo su defensora, a que la acusación realizada por los fiscales carece de los requisitos establecidos en la norma procesal y pidió la nulidad de las diligencias efectuadas durante la investigación y como consecuencia de los indicios obtenidos en estas, expresando que con la nulidad de las diligencias no existirá prueba que vincule a su patrocinado y deberá emitirse una sentencia absolutoria.

Después de las exposiciones de las partes, se concedió el uso de la voz a las víctimas indirectas y a los acusados.

Por último, por último se cerró el debate y el Tribunal Segundo de Juicio Oral se retiró para deliberar de manera privada a fin de estar en aptitud de comunicar el fallo decisorio de inculpabilidad o culpabilidad el próximo sábado 27 de agosto.