El Tribunal 2º de Juicio Oral  fijó el próximo 15 de septiembre a las 12:00 horas como fecha para la audiencia de lectura y explicación de la sentencia contra el psiquiatra Pablo Santos García Gutiérrez, hallado culpable de asesinar a su colega Felipe de Jesús Triay Peniche.

El acusado recibiría entre 35 y 40 años de cárcel, aunque su defensa ha pedido la mínima que se da por homicidio, que es de 20 años.

La presidenta del Tribunal, Verónica Burgos Pérez, dio a conocer esta fecha en una audiencia realizada este mièrcoles y en la que el asesor legal de las víctimas indirectas (hijos del asesinado) presentó ante los jueces testimonios para la determinación de la pena y reparación del daño, elementos que se analizarán para tomar la decisión a este respecto.

En la audiencia del próximo 15 de septiembre, los jueces explicarán en audiencia pública ante las partes procesales, los medios de comunicación y la sociedad en general, la manera en que valoraron las pruebas desahogadas durante este juicio.

Los jueces explicarán su decisión unánime, exponiendo de forma concisa sus fundamentos de hecho y de derecho.

El Tribunal lo integran María del Socorro Tamayo Aranda y Sergio Javier Marfil Gómez, así como Antonio Bonilla Castañeda como juez suplente,

La Fiscalía ha solicitado la pena máxima contra García Gutiérrez, es decir los 40 años de cárcel, y las víctimas indirectas reclaman $66 millones de reparación de daño.

Para ello, han presentad pruebas del salario del Dr, Triay, quien trabajaba en el IMSS! La Secretaría de Salud y para Pemex.

En la audiencia, el coadyuvante presentó a la jefa de personal del IMSS, que demostró que Triay devengaba un salario anual de $445,441.07, pero que con los impuestos retenidos quedaba en$357,750.68.

También se presentó personal de Salud para precisar el monto de las percepciones.

Ante ello, la defensa del psiquiatra asesino pidió que la reparación del daño sea tomada en cuenta en base al salario mínimo y no al sueldo de la víctima.

El otro involucrado, como informamos, fue dejado en libertad porque, a juicio del Tribunal, no se comprobó su participación.