El Gobernador entregó certificación a 44 nuevos conciliadores

Mérida, Yucatán, 5 de agosto de 2013.- Durante la entrega de certificaciones a 44 nuevos conciliadores institucionales, el Gobernador Rolando Zapata Bello resaltó el trabajo que se realiza en Yucatán en materia de justicia restaurativa y mediación reparatoria, y aseguró que los beneficios de este sistema continuarán extendiéndose a toda la región a través de nuevos espacios que permitan fortalecer los mecanismos alternativos de conciliación.

“Estamos haciendo una gran apuesta por la mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias. Por ello en próximos días pondremos en funcionamiento Unidades de Mediación en las colonias Fidel Velázquez y Cordemex, además de Progreso y Tizimín”,  adelantó.

En ceremonia celebrada en el Salón de la Historia de la sede del Ejecutivo estatal, el mandatario, junto con la fiscal General del Estado, Celia María Rivas Rodríguez, entregó los documentos que avalan la preparación de los nuevos profesionistas especializados, quienes promoverán el acercamiento y arreglo entre las partes, sin necesidad de llegar a un juicio.

Ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Celis Quintal, el titular del Poder Ejecutivo subrayó que con este esquema se busca dar mayor celeridad a los procesos, un menor costo para las partes involucradas, un desahogo en la carga de trabajo judicial y una regionalización de los servicios.

En esta oportunidad, el presidente del Instituto de Mediación de México S.C., Jorge Pesqueira Leal, destacó el trabajo emprendido por autoridades estatales en el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de conciliación, los cuales son el cimiento, indicó, de una sociedad democrática.

“Yucatán es ejemplo en el país, porque ha generado una cultura de la paz sólida y una sociedad pacífica que permite el éxito y efectividad de este esquema”, mencionó el también presidente del Centro de Mediación y Arbitraje Comercial del Noroeste de México S.C.

En su mensaje, Rivas Rodríguez detalló que en los mediadores recaerá el éxito del nuevo Sistema de Justicia Penal y Acusatorio, cuya eficacia se evidencia a través de dichas Unidades de Mediación, que están próximas a incrementarse.

“Contamos con esas Unidades en nuestra base y en las agencias del Ministerio Público de Valladolid, Kanasín y Umán. Este 2013 buscamos que los servicios de mediación se amplíen, por ello se seleccionó a un grupo de servidores públicos que contará con las características que todo buen mediador debe tener: ser imparcial, respetuoso, sensible, paciente y con una gran escucha activa”, manifestó.

En presencia de magistrados y legisladores, Rivas Rodríguez puntualizó que con la Unidad de Mediación de la Fiscalía General -una de las pocas existentes en una sede estatal de procuración de justicia- se ha contribuido al desahogo de las cargas del trabajo del Ministerio Público, tras promover el arreglo entre las personas.

A nombre de los mediadores certificados, Danna García Riegos se comprometió a impulsar la paz y la concordia a través de este mecanismo, para así garantizar el éxito del nuevo Sistema de Justicia Penal y Acusatorio.

Los nuevos profesionales en este ámbito cumplieron con 225 horas de capacitación a través del diplomado que se realizó de febrero a mayo pasados, con el apoyo del Instituto de Mediación de México S.C. y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán.

Para contar con esta certificación, los aspirantes demostraron las habilidades y herramientas adquiridas durante el seminario “Formación de facilitadores en justicia restaurativa y mediación reparatoria”, que incluyó prácticas en escenarios con conflictos reales, en los que la finalidad fue llegar a un acuerdo, en beneficio de los involucrados.

El servicio de mediación es totalmente confidencial y gratuito. Al optar por este tipo de mecanismos se evitan largos procesos jurídicos, por lo que incluso las personas involucradas pueden conservar su convivencia en buenos términos.

Estuvieron presentes, el diputado federal, Mauricio Sahuí Rivero; y el consejero Jurídico del Estado, Ernesto Herrera Novelo.