En una situación que ya tiene tintes de escándalo, funcionarios y empleados vinculados con la Justicia en Yucatán se encuentran en serios problemas por sus estudios de posgrado presuntamente sin validez.
Los afectados señalan directamente a la escuela que impartió los estudios y ya preparan las demandas por el ‘fraude’.
Entre los afectados hay conocidos abogados locales, pero el gruesos de los ‘falsos maestros’ está integrado por empleados y funcionarios de los Poderes Judiciales del Estado y de la Federación, así como de la Defensoría Pública Federal, la Procuraduría General de la República, la Defensoría Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado.
Ellos aseguran ser víctimas de un fraude de la institución donde cursaron maestrías en diversas áreas, incluyendo las de juicios orales.
Estos profesionales del derecho pagaron hasta 50 mil pesos para tener posgrados que haría aumentar su curriculum de formación académica.
Sin embargo, hasta ahora la escuela no les ha entregado ningún título, ya que la institución educativa presuntamente no tiene la aprobación de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el director de la escuela solo les da largas para resolver el asunto.
En consecuencia, todos estos profesionales del derecho, todos ellos ampliamente conocedores de las leyes, cayeron redondos en un fraude, pues no corroboraron si dichos posgrados tenían reconocimiento oficial.
Llama la atención que la institución no sea una de las conocidas como «escuela patito», sino que es un plantel con varios años de funcionamiento, incluso ahora que ofrece hasta licenciaturas y maestrías, además de secundaria y preparatoria, se ostenta como centro universitario.
Los quejosos señalan directamente a la República México, que se ubica en la calle 72, en el centro de la ciudad.
Las maestrías que se comenzaron a ofrecer, hace casi tres años, son Mercadotecnia Política, Comunicación Organizacional, Educación basada en Competencias y de Juicios Orales.
Como promoción la escuela no cobraba inscripción, pero durante año y medio los alumnos pagaron dos mil pesos por mes para hacer un total de 36 mil pesos.
Aparte tuvieron que pagar 10 mil pesos por titulación y otras cantidades por derechos, lo que dio un total de alrededor de 50 mil pesos.
Cuando la escuela promovía estos posgrados, en particular el de juicios orales, decía que contaba con el RVOE (Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios).
El temor de los alumnos de iniciar un proceso legal en contra de la escuela era quedar mal públicamente, pues las tres generaciones de la maestría en Juicios Orales se encuentra integrado por abogados que forman partes de instituciones judiciales, y no quieren exhibirse como ingenuos que cayeron en un fraude educativo.
Cada vez que acuden con el director de la escuela, de apellido Herrera, “le da vueltas al asunto” diciendo que ya tiene la aprobación, pero al día de hoy nada saben a ciencia cierta.
Sin embargo, se ha gestado un movimiento entre empleados judiciales que ‘no tienen nada que perder’ si denuncian y se esperan las primeras demandas en caso de que no lleguen a un arreglo con la institución.