Pese a que en Mérida se ha negado a registrarse ante las autoridades del transporte, la plataforma a Uber muestra una ‘doble cara’, ya que la semana pasada si lo hizo en Uruguay.

Allá también decía que no se iba a registrar en Montevideo, la capital uruguaya, donde el gobierno instituyó un sistema similar al que el gobierno de Yucatán diseñó para las plataformas como Uber.

Sin embargo, el jueves pasado, Uber sorpr ndió a los uruguayos, pues se inscribió en el Registro Provisorio de Plataformas de Intermediación de Transporte Oneroso de Pasajeros, creado en el marco de la regulación de las aplicaciones por la Intendencia de Montevideo (IMM), según informó el periódico El País, que se edita en ese país.

Las empresas Easy Go y Cabyfi, que también prestan servicio en Montevideo, ya lo habían hecho el 1 de febrero.

Al registrarse en Uruguay, deberá entregar de forma mensual una declaración jurada con los datos de todos los vehículos que brindan el servicio de transporte, los nombres de los permisarios y los kilómetros recorridos, es decir más requisitos que los que se le pide en Yucatán.

De hecho, en Uruguay las autoridades estipularon el cobro una tasa de 1,7 pesos uruguayos (0,06 dólares) por cada kilómetro recorrido durante el servicio, por concepto de uso de las vías de circulación y la potestad de fijar tarifas máximas cuando considere que las exigidas por las aplicaciones puedan estar siendo abusivas.

Es decir, Uber aceptó en ese país una regulación más severa que en Yucatán, pues aquí el gobierno no controla sus tarifas, ni le cobrará un ‘derecho de circulación’, pero aquí se niega a acatar la ley, demostrando que tiene ‘doble cara’.

Allá en Uruguay, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, celebró que la aplicación de transporte privado Uber haya adoptado la normativa y se haya adherido al registro de servicios de transporte de la capital.

Tanto el gobierno de Uruguay como la Intendencia de Montevideo han legislado en los últimos meses para regularizar la situación de estos servicios y lograr así que «convivan» con la actividad pública de los taxistas locales.

Estas medidas se tomaron desde la llegada de aplicaciones de transporte privado al país como la norteamericana Uber, la brasileña Easy Taxi o la española Cabify,

El pasado 15 de febrero el gobierno uruguayo anunció un régimen tributario para estas compañías por el que pagarán impuesto a la renta e IVA, mientras que los conductores asociados a la aplicación tendrán que registrarse como pequeñas empresas.

Anteriormente, en noviembre de 2016, Martínez presentó un proyecto de ley que se materializó en enero de 2017 por el que se estableció un registro de vehículos, de conductores y de las plataformas electrónicas.

Así, los chóferes deben tener una licencia de conducción profesional, un seguro especial y aportar al Banco de Previsión Social, y los vehículos no pueden tener más de cuatro años de antigüedad (diez en el caso de los eléctricos) y deberán someterse a una inspección técnica anual, al igual que los taxis.

De hecho, según los medios de ese país, Uber deberá cumplir doble reglamentación, pues la ciudad puso unas, pero le exigió que cumpliera con la ley nacional, que fijó una contribución a la seguridad social y la carga impositiva (pagar impuestos) que determina el gobierno.

En Yucatán, Uber se niega a registrarse, pese a que ya lo han hecho otras plataformas como Cabify, Tho Service, Ryder & Go y Big Driver.

A su llegada a Mérida, el año pasado, Uber atolladero exigía que lo dejaran operar en Mérida, petición que fue avalada a través de redes sociales por cientos de ciudadanos cansados del mal servicio de los taxis del FUTV.

Desde entonces el FUTV se opuso a que se dejara operar a Uber, pero el gobierno impuso su autoridad y permitió que la plataforma y otras pudieran trabajar en América cumpliendo algunos requisitos.

Sorpresivamente, Uber, que tanto pidió se le dejara trabajar, ya no quiso registrarse para poder hacerlo y ahora se queja por no cumplir la ley.