En nueva videoconferencia realizada este lunes, Martín Alberto Medina Sonda negó haber ordenado la muerte de su ex mujer, Emma Gabriela Molina Canto.

Aseguró que no le pagó a nadie y tampoco realzó llamada alguna para contactar a quien contrató a los asesinos de su ex esposa.

Luego de que el jueves se negara a declarar, este lunes si lo hizo durante la audiencia en la que se le vinculó por feminicidio.

Medina Sonda, desde su reclusión en Tabasco, dijo que no realizó ninguna llamada ni depositó dinero en alguna cuenta bancaria, toda vez que esta recluido en el penal de esa entidad desde 2014.

También rechazó la afirmación de la Fiscalía de que haya tratado de establecer o reestablecer la relación de pareja que tenía con la hoy víctima.

Su defensor ofertó dos pruebas documentales para sustentar el dicho de su defendido y solicitó la no vinculación a proceso.

Pese a que negó su participación, en el expediente consta que otro de los detenidos por el crimen, César Rogelio Reyes Barrueta, confesó que fue Medina Sonda el que lo contactó para ‘darle un susto’ a su ex mujer, por lo que él buscó a otra persona para que contratara a los sicarios que finalmente la mataron.

Esto fue tomado en cuenta por el juez Luis Edwin Mugarte Guerrero, quien determinó vincular a proceso a Medina Sonda como coautor directo del delito de feminicidio agravado.

El juez de control presidió la continuación de la audiencia inicial que comenzó el pasado 20 de marzo por medio de videoconferencia.

La audiencia de hoy se celebró simultáneamente en dos salas, en la 2 del CJOM y en una de oralidad del juzgado de control del Poder Judicial del Estado de Tabasco.

La Fiscalía, al solicitar al juez la vinculación a proceso, expuso los datos de prueba que obran en su carpeta de investigación.

Después del debate, el juez de control encontró que los datos mencionados por los fiscales fueron suficientes para tener por demostrado la existencia de un delito y la probabilidad de la participación del imputado en la comisión del mismo, por lo que lo vinculó a proceso penal, con lo que se da por cerrada la fase inicial de este proceso, para dar paso a un periodo en el que la Fiscalía estatal debe continuar la investigación y cerrarla

Mugarte Guerrero decretó la prisión preventiva oficiosa por el plazo de un año y concedió cuatro meses para que la fiscalía cierre su investigación.

El juez señaló en la audiencia pública que el imputado tiene el derecho de apelar la resolución de vinculación o bien solicitar un amparo, ante las autoridades correspondientes.