Mérida, Yucatán, 8 de junio de 2017.- Dando curso a la investigación sobre el presunto ataque a las calles de Mérida, la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo los citatorios y la inspección correspondientes, de acuerdo a lo declarado por el presidente municipal del PAN, Jesús Pérez Ballote.
Como parte del proceso, el 6 de junio fue citado Christopher Guillermo Rubio Herrera, chofer de Pérez Ballote desde hace siete años, quien se presentó al día siguiente a declarar asegurando que él estuvo presente cuando se amenazó y extorsionó al señor Roger Moo por parte de Pérez Ballote, para obligarlo a declarar sobre el daño a las calles e involucrar a un funcionario estatal, esto a través de un escrito que lo obligo a leer, con la promesa de ofrecerle dinero posteriormente.
Terminando de grabar el audio obligado, su jefe Pérez Ballote le pidió que se trasladaran al parque de la Alemán para entregarle el material a un alto funcionario del Ayuntamiento de Mérida la noche del 17 de mayo.
Además, señala que a principios de mayo escuchaba a su jefe hablar con diferentes personas del Ayuntamiento, planeando el operativo para tirar el ácido y culpar a gente del Gobierno del Estado.
Rubio Herrera indica que en las pláticas recalcaban mucho evitar las cámaras de la policía y de hacerlo en camionetas Pick up, durante todo el tiempo que se realizó este operativo, se mantuvo en contacto con gente del Ayuntamiento.
Cuando acudió a la Fiscalía General Especializada (FGE) a declarar señaló todo lo que sabía por miedo a que lo involucraran en esta acción de su jefe ya que el solo escuchaba el plan pero nunca participó en este.
Cabe recordar que el dirigente blanquiazul Pérez Ballote señaló que durante la conversación que sostuvo con el señor Roger Moo Manzanilla, quien le reveló supuestos detalles del operativo, además de Andrés Ortiz, estaba acompañado de su chofer, Christopher Rubio Herrera quienes fueron citados a declarar.
En este sentido, se realizó una inspección a las empresas involucradas y también fue llamado a comparecer el ciudadano Juan Carlos Lara, el funcionario Sergio Vadillo Lora, los propietarios de OCME y la empresa que supuestamente vendió el ácido Serquisur.