El meridano Eduardo Gutiérrez Amaya, impuso un récord judicial luego de no acudir por quinta ocasión ante el juez que le sigue proceso por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

Como en las cuatro ocasiones anteriores, el sujeto dejó plantado al juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda.

Ayer lunes, estaba programada la quinta audiencia para vincularlo a proceso, pero no se presentó, por lo que, ahora así, el juez lo declaró sustraído de la acción de la justicia y emitió en su contra una orden de aprehensión.

El sujeto debió comparecer el 26 de agosto, cuando, por medio de un abogado, mandó un justificante médico, en el que se decía que tenía las amígdalas inflamadas.

Antes, la juez de control Elsy del Carmen Villanueva Segura, en sustitución del juez Bonilla Castañeda que estaba de vacaciones, sostuvo que era excesivo el uso de la fuerza pública para que se le detuviera.

Gutiérrez Amaya no ha pagado la pensión, no acude a las audiencias, ha dado domicilio erróneo y hasta cambió a uno de sus abogados particulares.

El sujeto fue denunciado por Evely Lucelly Hernández Cano, con quien el sujeto, el 25 de septiembre de 2013, procreó un hijo, que actualmente cuenta con 3 años.

En 2014 decidieron separarse, acordando que le proporcionaría $12,000 mensuales a la afectada, lo cual nunca cumplió.

Se promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria, a fin de que se decretara una pensión alimenticia a favor del menor, mismas que se siguieron ante el Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, que condenó al sujeto a pagar 7,445.16 pesos mensualmente.

Como no pagó, el 11 de julio pasado, fue imputado por el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, pero se fue a su casa y no acudió a la audiencia de vinculación, por lo que se solicitó fuese declarado sustraído a la acción de la justicia.

Para su fortuna, el juzgador salió de vacaciones y se turnó el caso a la juez Villanueva Segura, a quien le pareció excesiva dicha medida.

La jueza no accedió a que se le haga comparecer por medio de la fuerza pública, ya que no se le pudo notificar en el domicilio que dio, que fue un local de una plaza comercial.