Raúl Antonio Briceño Herrera fue vinculado a proceso por el delito de desobediencia de particulares a un mandato de autoridad, toda vez que se ha declarado en franca rebeldía para no pagar una pensión en favor de su hija.

Pero ni así irá a prisión, pues se le concedió permanecer en libertad con ciertas medidas cautelares, que en realidad no lo afectan en lo mínimo.

Este sujeto ha sido condenado a pagar una pensión alimenticia a favor de su hija, pero a él las leyes y los que la imparten «le hacen los mandados».

El expediente indica que Aurora Noh Estrada, juez de oralidad familiar, lo condenó para que dé pensión y ahora la juez penal de control, Blanca Beatriz Bonilla González, lo vinculó por su desobediencia.

La primera juez ahora lo denunció por el ilícito arriba mencionado y la segunda lo vinculó, pero no ordenó su encarcelación, sino que le impuso las medidas cautelares de firmar dentro de los primeros 5 días de cada mes; no salir del Estado, y tener vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares, por todo lo que dure el proceso.

En un mes se estableció el cierre de investigación complementaria.

Los hechos datan del 9 de septiembre de 2013, cuando se inició un expediente con motivo de un procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por el imputado en contra de una ciudadana de identidad reservada.

Por el mismo proceso se emitió sentencia el 10 de marzo de 2016, condenando al sujeto a pagar en concepto de pensión alimenticia una cantidad de dinero a favor de su hija menor de edad, también de identidad reservada.

Al individuo se le requirió el pago de 14,000 pesos en concepto de pensión, así como depositar 21,600 pesos en concepto de garantía, apercibiéndolo que de no cumplir se le impondría una multa de 20 unidades de medida y actualización, sin perjuicio de que se procedería a consignarse tales hechos al Ministerio Público.

No obstante todo lo anterior, continúa en franca rebeldía y ha preferido pagar a un abogado particular que saldar su adeudo.