El Juez Segundo de Control, Luis Edwin Mugarte Guerrero, dictó auto de vinculación a proceso a Gregorio Oliva Miranda y María Engracia García Chávez, administrador único y directora de la farmacéutica “M.S.M. Salud S.A. De C.V.”, como presuntos responsables del delito de fraude procesal, al pretender cobrar a una compañía meridanas una supuesta millonaria deuda con documentos falsos.

Los directivos, según la acusación, actuaron en venganza porque perdieron una licitación para suministrar medicamentos a hospitales del IMSS en Mérida.

A los dos imputados, con residencia en la Ciudad de México, se les mantuvo como medida cautelar el arraigo domiciliario en el “Hotel Fiesta Americana” por unos días, en tanto buscan lugar donde residir en Mérida, por lo que continuarán con un dispositivo localizador y otras medidas, como el depósito de garantías económicas por un millón 200 mil pesos la mujer y 600 mil pesos el imputado.

De acuerdo con la información difundida, en días pasados la pareja fue puesta a disposición del Juez Segundo de Control, donde el fiscal adscrito les formuló imputaciones por el delito de falsificación de documentos, señalando que con pagarés presuntamente apócrifos simularon una deuda de más de 31 millones de pesos que trataron de cobrar mediante un juicio mercantil.

En la exposición de la teoría de hechos, los fiscales expusieron que la simulación de la deuda fue por una venganza, ya que previamente los ahora imputados habían amenazado a la empresa
denunciante para que no participara en la licitación de suministros y servicios médicos en distintos hospitales de la capital, a fin de que la compañía de los procesados la ganaran, lo que finalmente no ocurrió, pues perdieron.

Según la demanda presentada ante la Fiscalía General del Estado por parte de Laura Alejandra Uc Loría, en su carácter de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada “Nacional Terapéutica S.A. De C.V.”, los ahora imputados presuntamente falsificaron cuatro pagarés con fechas entre los años 2013 y 2015, en los que según se señala la empresa de la ahora agraviada debía 31 millones 754 mil 240 pesos a “M.S.M. Salud”.

Con ello interpusieron una demanda en un Juzgado Civil de la Ciudad de México, donde también dieron direcciones distintas de la empresa afectada a fin de que no se enterara de ello y se siguiera el juicio en rebeldía.

Sin embargo, fueron enterados del proceso porque les congelaron los pagos de los servicios que prestaba al IMSS, porque no tenía conocimiento de la queja.

Entonces, la parte agraviada presentó la demanda penal en contra de los representantes de “M.S.M. Salud”, quedando asentada con el número de carpeta de investigación UNATD35-GC/002251/2018, misma que fue ampliada por la Licenciada Rita María de Rocío Pérez Lizama y en la que se indica que la “deuda” había reducido por unos 10 millones de pesos.

Lo anterior derivado de una comparecencia en el expediente mercantil en el que el endosatario en procuración de justicia de la parte actora, manifestó a la Juez a manera de desistimiento que su “representada le informó” que la parte demandada cubrió 3 pagarés y parcialmente el último de los que reclaman, por lo que únicamente se le adeudaba la cantidad de 10 millones 216 mil 693.02 pesos.

La parte ofendida destaca que lo anterior constituye el ilícito de falsedad al afirmar ante autoridad judicial que se adeuda primeramente 31 millones 754 mil 240 pesos y luego aclaran que es menor, aunado a que “Nacional Terapéutica”, en ningún momento ha hecho pago alguno de las cantidades expresadas en los apócrifos pagarés, aunque dolosamente pretendieron utilizar transferencia de pagos por la relación comercial que tenían, pero que nada tienen que ver con esos falsos pagarés.

La audiencia inició poco después de las 2 de la tarde y concluyó cerca de las 8 de la noche, con el auto de vinculación a proceso en contra de los directivos de la empresa “M.S.M. Salud”, a quienes se les mantuvo las medidas cautelares impuestas en la audiencia de control y se concedió un par de meses al Ministerio Público para el cierre de las investigaciones complementarias.

La parte agraviada presentó como sus asesores jurídicos a los abogados Miguel Bargas Díaz y Pablo Hernández Herrera.