Una “inocentada” de José Luis “Primo” Martínez Semerena, Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida, lo tiene en problemas, toda vez que estaría incurriendo en una ilegalidad por querer resaltar su imagen regalando boletos para el Carnaval.

Y es que el funcionario hizo públicas una “promoción” en sus redes sociales que viola la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, lo que, según los que saben de leyes, se considera una falta grave, ya que estaría usando recursos públicos para propaganda personal.

El funcionario municipal escribió que con motivo del Carnaval, organizado con recursos públicos por el Ayuntamiento, “regalaría” tres pases dobles para el concierto de la Banda El Recodo del sábado 22 de febrero y la dinámica incluía darle “like” a su publicación, darle “like” a su página Primo Martínez, compartir dicha publicación en modo público y etiquetar a tres amigos en los comentarios escribiendo qué es lo que más les gusta del nuevo carnaval.

Todos esos pasos implican que la se haga una amplia difusión de su página y de su persona con fines políticos, todo ello aprovechándose de los recursos que el ayuntamiento pone a su disposición para desarrollar su trabajo.

De acuerdo con las leyes vigentes sobre el trabajo de los servidores públicos, “Primo” Martínez volaría el Art 59 constitucional que trata del abuso de funciones y a la letra dice:

“Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 54 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público”.

También viola el Artículo 134 constitucional que trata de uso de los recursos económicos a disposición del funcionario:

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

La violación de estas disposiciones supone una falta grave y obliga a una investigación para aclarar y transparentar el uso de los recursos públicos.

No es la primera vez que Martínez Semerena incumple con sus obligaciones de buen uso y transparencia de sus recursos. En 2018, como regidor, omitió hacer públicas sus declaraciones patrimoniales ante la Contraloría municipal, argumentando que no sabía que es una obligación de todo servidor público.