Mérida, Yucatán, 26 de septiembre de 2020.- Durante una reunión con la Coordinadora Nacional de Protección Civil del Gobierno federal, Laura Velázquez Alzúa, el gobernador Mauricio Vila Dosal presentó el panorama de los daños que dejaron en Yucatán las inundaciones ocasionadas en junio pasado por las tormentas tropicales “Amanda” y “Cristóbal”, así como la experiencia del estado con el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) tras esta contingencia climatológica.

En el encuentro desarrollado en esta ciudad, el gobernador expuso a Velázquez Alzúa las adversas condiciones que enfrentan los yucatecos luego del paso de dichos fenómenos climatológicos, que dejaron importantes daños en materia de campo, vivienda, vialidades y carreteras, entre otras áreas, afectando a 943,382 habitantes del estado.

Acompañado de los titulares de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra y de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), Enrique Alcocer Basto, Vila Dosal expuso a la funcionaria federal que, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en 5 días se precipitó el 40% del total de las lluvias registradas en el 2019, por lo que, a petición del Gobierno estatal, se emitieron dos declaratorias de emergencia para un total de 64 municipios.

Ante esto, recordó, el Fonden autorizó insumos generales para ambas declaratorias, que consistieron en un total de 2 millones 935,565 unidades de apoyo, entre despensas, láminas, cobertores, colchonetas, herramientas, kits de aseo personal, pañales y otros, mismos que ya fueron recibidos y distribuidos en su totalidad; al igual que 57,167 unidades de apoyo de insumos médicos, mismos que ya fueron recibidos en un 99%. El faltante corresponde a estuches para el diagnóstico de enfermedades (medicamentos, vacunas, insecticidas, entre otros).

De igual manera,  indicó que también se emitió la declaratoria de desastre natural en 75 municipios del estado, los cuales entraron a la evaluación de los daños en materia de infraestructura. Sin embargo, puntualizó, las afectaciones en las características de las viviendas, vialidades y carreteras no concordaron con lo dispuesto en los parámetros de operación del Fonden, dejando sin la mayoría de los apoyos.

Al respecto, relató que los criterios de evaluación que se usan para dicho esquema no van de acuerdo a lo que sucedió en el estado, ni las condiciones, pues pedían daños estructurales que se originan por temblores o huracanes, no otras contingencias climatológicas, como inundaciones, por lo que recalcó en la necesidad de que las normativas del Fonden se adecúen a la realidad que se vive en todos, pues, en el caso de Yucatán, muchas familias se quedaron sin el apoyo, con el cual ya contaban para poder recuperarse de sus pérdidas.

A manera de ejemplo, continuó, se autorizó un monto de 14 millones 854 mil 500 pesos para destinar a la vivienda, lo cual solo representa el 0.9% del total de los daños; y no se realizaron acciones para la mitigación de riesgos futuros, ni se consideraron daños a la vivienda tradicional maya ni a la precaria. En materia de áreas naturales protegidas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) no aceptó la instalación del subcomité y no existe anexo y por lo tanto no están definidos los criterios de evaluación. Mientras que únicamente se validó las afectaciones en vías primarias.

Asimismo, recordó que no obstante, el campo fue el rubro más afectado fue completamente desatendido por el Fonden, pues el tema agrícola no se encuentra considerado para la ejecución de recursos a través de dicho esquema, dejando desamparados a miles de campesinos yucatecos. Lo anterior debido a que no se permitió establecer un subcomité de evaluación de daños para este rubro, a pesar de que confirme a lo dispuesto en las reglas sí es permitido, siempre y cuando su objetivo sea la cuantificación y evaluación de los daños ocasionado por un fenómeno natural perturbador.

Hay que recordar que se registró la pérdida total del 85% de los cultivos de todo el estado, es decir, que se perdieron 95,000 hectáreas con un valor comercial de su producción de 2,062 millones de pesos. Fueron 77,000 las personas afectadas que dependen del campo. Además, de que 9 de cada 10 de ellas produce para el de autoconsumo y el 60% pertenece a la comunidad maya.

Ante lo planteado, la coordinadora nacional de Protección Civil dijo estar de acuerdo con la urgencia de revisar las reglas de operación del Fonden para poder adecuarlas a las condiciones de los estados de todo el país y los apoyos puedan llegar a más personas, por lo que agradeció la disposición del Gobierno de Mauricio Vila Dosal de compartir su experiencia a fin de poder mejorar la normatividad de este esquema.

Asimismo, Velázquez Alzúa reiteró su disposición de seguir trabajando de la mano con el Gobierno de Yucatán, en torno a su ámbito de acción, a lo que el gobernador resaltó su voluntad de coadyuvar en favor de los yucatecos.

En ese marco, se detalló que de las 943,382 personas afectadas, 549,639 se encuentran en situación de pobreza, es decir el 63%. Mientras que el 52% de la población indígena sufrió daños; el 65% de los afectados sufre carencia de vivienda y el 17% carencia alimentaria.

También se informó que 16,861 viviendas se vieron afectadas, 109 kilómetros de carreteras se vieron dañados, más de 71,000 hectáreas de áreas naturales protegidas dañadas. Además, se estiman daños por más 206 millones a infraestructura carretera; 237.5 millones de pesos en daños a vialidades urbanas; más de 50.6 millones de pesos en infraestructura educativa y deportiva; así como 6.5 millones de pesos a la infraestructura de salud; y 4.3 millones de pesos en afectaciones a zonas costeras.