Mérida, 25 de enero. El Hospital Regional de Alta Especialidad y su director Alfredo Medina Ocampo, tienen cuatro meses de incurrir en desacato a la autoridad judicial luego que ésta ordenara la inmediata reinstalación del camillero Martín Alberto Moguel Burgos, quien en octubre pasado obtuvo favorable sentencia de la Junta Especial No. 21 Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán. 

Resulta que el 2 de octubre pasado y tras siete años de proceso, el empleado obtuvo el veredicto en el que se consideró que su despido del nosocomio se realizó bajo argumentos y acusaciones no fundamentadas y de poca legibilidad. 

Moguel Burgos relató que empezó a trabajar en el HRAE en julio de 2012 como camillero, cuando en ese entonces el director era el doctor Marco Antonio de la Fuente, y en 2014 comenzaron a hacerle grilla y a presionarlo para que dejara el empleo, ya que había intenciones de darle su puesto a un amigo de algún directivo y fue en marzo, cuando le endilgaron con falsedades un presunto fallecimiento. 

Desde ese entonces decidió interponer una denuncia ante la Junta de Conciliación Federal para que me devuelvan su empleo y su plaza. 

Hace algunos años, cuando un magistrado federal le otorgó favorable un laudo al empleado, el director era el doctor Marco Antonio Zoreda Barrera, gestionó dos amparos de ocho meses cada uno para evitar la acción de la justicia, por lo que el caso se prolongó hasta el presente sexenio y con el siguiente administrador del hospital. 

Fue ahora, en octubre, que la Junta dio su veredicto favorable a Moguel Burgos y la orden de que se le reinstale en su plaza y su cargo, y además que se le entregue el monto de los sueldos, aguinaldos, bonos y demás prestaciones, caídos desde marzo de 2014. 

“Tengo la conciencia tranquila siempre y que me culpen por algo que no cometí, no podía dejarlo no más así, por eso decidí pelear con todo y hasta las últimas consecuencias para limpiar mi trayectoria y mi honorabilidad, asi siempre he sido”, dijo el afectado. 

Indicó que al no cumplir la orden del Tribunal, el hospital podría ser acreedor de una sanción administrativa y una multa muy fuerte.