Tras el pago de una fianza y el cumplimiento de una serie de medidas cautelares, la defensora pública Inés Medina Morales salió libre y enfrentará fuera de prisión el proceso legal que se le sigue por el atropellamiento de un policía de la SSP y su esposa.
El accidente ocurrió la mañana del pasado lunes 9 de marzo en calles de la colonia Francisco Villa Poniente, donde la defensora pública manejaba un automóvil y cambió intempestivamente de dirección, arrollando la motocicleta en la que se traslaban el agente de la SSP y su esposa. El policía, que estaba de vacaciones, presenta muerte cerebral tras sufrir una seria herida en el cráneo.
La mujer fue imputada por el delito lesiones cometido por culpa, luego que su detención fue ratificada como legal, mediante una resolución del juez de control del primer distrito judicial del sistema penal acusatorio y oral del Estado, Luis Edwin Mugarte Guerrero.
En una audiencia realizada en la sala 3 del Centro de justicia Oral de Mérida (CJOM), estuvieron presentes tres fiscales investigadores, un abogado particular y la imputada, quien se acogió a la duplicidad del término que establece la Constitución para que se resuelva su situación legal.
Debido a ello, el juez programó la audiencia de vinculación para el próximo 16 de marzo.
Los fiscales solicitaron se ratifique de legal la detención y mencionaron los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación del caso para fundamentar dicha solicitud.
La defensa no argumentó al respecto, por lo que el juez Mugarte Guerrero ratificó de legal la detención, al cumplirse con los requisitos que marca la ley.
Seguidamente, los fiscales solicitaron la formulación de la imputación en la que hicieron del conocimiento de la procesada que se ha abierto una investigación por el delito antes mencionado, así como también solicitaron la audiencia de vinculación a proceso.
A pregunta del juez, la imputada manifestó su derecho de reservarse su declaración en la audiencia.

Medidas cautelares

Los fiscales solicitaron la imposición de medidas cautelares personales provisionales consistente en la prisión preventiva y la defensa, por su parte, la consideró desproporcionada y el juez no accedió a la prisión preventiva.
Luego solicitaron una menos gravosa, consistente en la presentación de una garantía económica suficiente, la prohibición de salir del Estado y presentarse a firmar cada dos días a la agencia de la Fiscalía, hasta que se lleve la audiencia de vinculación.
El juez Mugarte encontró necesaria la medida de cautela y accedió a la presentación de una garantía económica de 20 mil pesos en efectivo o 40 mil mediante póliza, la prohibición de salir del país y presentarse a firmar el viernes y el lunes a su juzgado.