MÉRIDA.- Juan José Aguayo Puc denunció por robo y abuso de confianza a Alejandro Castellanos Haas, Manuel Sulub Garrido y quienes resulten responsables de estos delitos.

En su demanda Aguayo Puc manifiesta que conoció a Castellanos Haas desde la preparatoria y sabe que desde el 2012 funge como empleado Verificador de Medidores en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el 2018, el denunciado lo invita a trabajar como director general de la empresa ESR del Sureste de México, con un sueldo de 30 mil pesos mensuales.

Ante la falta de un local para operar y por la oportunidad laboral que le brindaba, le ofreció utilizar el predio número 458 de la calle 7 entre la 32 y 34 de la colonia Los Reyes propiedad de María Casilda Puc Heredia, quedando como domicilio fiscal de la empresa.

En noviembre del 2019 le comentó que su esposa Fanny Marili Puch Montalvo contaba con un local en el predio 323 de la calle 49 entre 12 y 14 de la colona Salvador Alvarado Sur, que correspondía a las características de la empresa y que se las podía prestar, por ser propiedad de su familia.

Castellanos Haas aceptó la propuesta y cambió el domicilio fiscal de la compañía a esa dirección, con la promesa de que lo haría socio de la misma, pero éste a base de excusas se niega a realizar y protocolizar la asamblea extraordinaria y lo convence a que invierta para dejar la oficina lista, así como material y herramientas, es decir, computadoras, muebles de oficina, así como una aportación de un millón de pesos.

La empresa dedicada a la venta de paneles solares iba en constante crecimiento hasta que en el año 2020 Castellanos Haas le indica que se requería un administrador que se encargue de los asuntos del negocio y sugiere se contrate a Manuel Hussey Sulub Garrido, para que se encargue de la nómina, préstamos, facturación, cobranzas, entre otras responsabilidades.

Con el paso del tiempo compró varios vehículos entre ellos una Chevrolet Spark, color blanco modelo 2016 con placas de circulación YWW-915, asignado a mercadotecnia con el número 4, y cuatro vehículos más, así como uno más que sólo estaba endosado a su nombre, sin cambio de propietario en la SSP, marca Nissan con placas de circulación YR-0832-C de Yucatán.

En enero del 2020 llevó una caja fuerte de su propiedad a las oficinas de la empresa, donde guardaba documentos, 85 mil pesos en efectivo, pasaporte, facturas de los vehículos, así como la factura y llave de una camioneta propiedad de Ángel Martín Aguayo Euán, padre del denunciante.

En abril del 2021 le recordó a Castellanos Haas el trámite para convertirlo en socio de la compañía, pero éste le respondió que no era el momento, porque había que crecer más.

En septiembre del mismo año, le vuele a mencionar la necesidad de celebrar la asamblea extraordinaria y la respuesta del acusado fue que dejara de ser director general y creara una empresa que recibiría activos de EST del Sureste y de esa manera crecer ambas empresas, sugerencia que aceptó y en noviembre de esa año registró la compañía Sáasil Solar S.A de C.V., teniendo a su esposa como socia, pero al pasar los días se enteró que Castellanos Haas celebró una asamblea extraordinaria, no para hacerlos socio de la compañía sino para cambiar la razón social de la misma por ESR del Sureste de México y nombra como socia a su pareja sentimental A.K.N.A.

En diciembre del 2021 abrió una cuenta bancaria de la empresa Sáasil Solar y recibió una chequera, token y bauchera y se dedicó a encontrar contratos (7) cada uno por 200 mil pesos, pero Sulub Garrido, el administrador, se negó a ingresar esos activos por órdenes de Castellanos Haas, quien pidió que los contratos sean facturados a ESR del Sureste de México.

En marzo del 2022 verificó los contratos de los clientes y anteriores y se percató que los documentos de interconexiones con la CFE tenían su firma, documentos que jamás había firmado, lo que le reclama al denunciado, quien le responde que no había problema y que tenía todo controlado, y así pasaron los días hasta que recibió una llamada telefónica de Jorge Tzab Pérez, de Hunucmá quien le reclama que había pagado 120 mil pesos a Castellanos Haas y tenía una multa ante la CFE.

Castellanos reconoció que gastó el dinero, pero ofreció que él resolvería el problema.

En el mes de abril, cuando salió de vacaciones y se dirigía a Playa del Carmen, se percató que sus cuentas de Facebook, Instagram y Spotyfy y Hotmail fueron hakeadas, por lo que intenta comunicarse con Castellanos Haas.

A falta de respuesta, Aguayo Puc le pidió a su madre que vaya a las oficinas de la empresa y al llegar se percató que estaba vacía (desmantelada).

A su regreso a Mérida, el denunciante constató que el acusado no sólo se llevó todo el mobiliario y equipo de la empresa, incluyendo la caja fuerte, vehículos y demás equipo de la empresa.