MÉRIDA, Yucatán.- El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza llevó a cabo su octava audiencia local en la Península de Yucatán, del 9 al 12 de marzo de 2023, por el Tren Maya, un megaproyecto de transporte ferroviario que pone en grave peligro de destrucción a ecosistemas y comunidades mayas.

Según han expresado varios testimonios, no es sólo un Tren ni es propiamente Maya, al no considerarlo así varias comunidades mayas, y al ser un proyecto que se conecta con muchos más polos de desarrollo, megagranjas porcinas, entre otros, exacerba sus impactos sociales, culturales, ambientales y de género, y cuyo Plan Maestro nunca ha sido presentado por las autoridades.

El Tribunal visitó in situ a las comunidades de Pisté, El Señor-Xmabén, Tihosuco donde participaron delegados de varias regiones, y se escucharon testimonios de comunidades indígenas mayas, colectivos sociales, y grupos ecologistas, así como los 232 testimonios presentados ante este Tribunal.

La audiencia se efectuó el sábado 11 de marzo en la Escuela de Agricultura Ecológica de Valladolid, Yucatán, en la que el Tribunal escuchó a representantes de comunidades indígenas y agrupaciones ciudadanas, así como los informes periciales de académicos e investigadores en materia forestal y agrícola, sobre ecosistemas acuáticos y terrestres, sobre biodiversidad y sustentabilidad ecológica, sobre derechos colectivos y de la naturaleza, ecología política e ingeniería ambiental, con relación a los daños a la naturaleza, los riesgos ecológicos y la afectación a la cultura y los derechos inalienables – culturales, territoriales y existenciales- de las comunidades.
Estos testimonios aportaron evidencias, así como pruebas contundentes e irrefutables, que establecen un nexo causal entre la acusación del Fiscal de la Tierra y la prueba testimonial, documental y verificación in situ de los daños causados a la naturaleza y la violación de los derechos de las comunidades.

Conforme a las actas se verifica que ningún representante del Estado asistió a esta audiencia, pese a que fueron legítimamente invitados a través de una carta entregada a la Embajada de México en Ecuador, sede del Tribunal, así como a través de correo electrónico y de manera física el día 7 de marzo. INvitaron al Gobierno de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, FONATUR, SEMARNAT, INPI, y SEDATU y CONANP.

Amparados en lo que dispone la normativa de la Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza, el Convenio 169 de la OIT, la Declaratoria de Naciones Unidas y de la OEA sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre Biodiversidad, el Acuerdo de Escazú, la Agenda 2030 ODS; y la jurisprudencia emitida por el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, así como la legislación de los Estados Unidos de México; este Tribunal Ético, en nombre de los Derechos de la Madre Naturaleza, de la Humanidad y de las generaciones venideras resuelve:

1. Reconocer de modo irrefutable la violación a los Derechos de la Naturaleza, así como los Derechos Humanos, individuales y colectivos y los derechos bioculturales del Pueblo Maya, que ancestralmente ha sido y continúa siendo protector y guardián de su territorio, los cenotes, la selva, y los seres sintientes no humanos que habitan dicho territorio, todo lo cual va configurando crímenes de ecocidio y etnocidio. El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales.
2. Conminar a las autoridades del Estado de la República Mexicana a la suspensión inmediata del megaproyecto Tren Maya con todos sus componentes, así como la desmilitarización de los territorios indígenas. Hacemos un llamado urgente al Estado y a la intervención de los organismos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos para el cese del despojo de las tierras ejidatarias, así como acabar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de los defensores y las defensoras de la naturaleza, de lo cual el Tribunal fue directamente testigo, garantizando el derecho a la libre expresión y defensa del patrimonio biocultural.
3. Se realice la reparación integral de los daños ecológicos y sociales causados por la ejecución del megaproyecto Tren Maya y sus instalaciones colaterales.
4. Se inicie una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria, y de carácter intercultural, con la participación plena y efectiva de las poblaciones afectadas.
5. Exhortamos al Ejecutivo y Legislativo a realizar reformas constitucionales a nivel Federal, como las ya realizadas por algunos estados (Ciudad de México, Colima, Oaxaca, y Guerrero), para el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza como sujeto de Derechos. Asimismo, recomendamos la revisión de la ley que establece la propiedad social de la tierra, para que ésta sea reemplazada por una ley que contemple la función socioecológica del territorio en su relación indisoluble con las prácticas culturales sustentables de los pueblos y comunidades que ancestralmente los habitan.

El Tribunal notificará oportunamente por escrito la sentencia con amplitud y las formalidades necesarias, que será traducida a lengua Maya.

Este Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza tuvo como Presidenta a Maristella Svampa de Argentina, y estuvo además conformado por Fray Raúl Vera de México, Yaku Pérez de Ecuador, Francesco Martone de Italia/Ecuador y Alberto Saldamando (EUA) Chicano/Zapoteca. El Fiscal de la Tierra fue Jorge Fernández, la accionante Giovanna Gasparello junto con 22 testimonios de comunidades indígenas, colectivos ciudadanos y peritos. La Secretaria del Tribunal fue Natalia Greene y las organizaciones convocantes, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).