Con el objetivo de solventar diversos compromisos, entre ellos las remuneraciones de las y los servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, así como las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, el Consejo General del IEPAC aprobó esta tarde una adecuación presupuestal consistente en transferencias entre partidas, por un monto total de tres millones 220 mil pesos.

En sesión extraordinaria celebrada en la modalidad virtual, el Consejo General del Instituto también aprobó una serie de reformas al Reglamento para la administración, destino final y baja de bienes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, con la finalidad de alinear las disposiciones reglamentarias con los principios constitucionales y legales vigentes que rigen la administración pública y la gestión de bienes en la entidad.

En cuanto a la adecuación presupuestal, como se recordará, desde principios de año al conocerse el Presupuesto de Egresos autorizado al IEPAC se solicitó una ampliación al Poder Ejecutivo del Estado, pero hasta el momento no ha habido respuesta y conscientes de la importancia de cubrir las remuneraciones de las y los servidores públicos, el Instituto se ve en la necesidad de aprobar una adecuación presupuestal consistente en transferencias entre partidas, que no implican un incremento en la asignación global de servicios personales presupuestada para la plantilla del personal de este Instituto.

Con la aprobación se instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes para dar cumplimiento al acuerdo y remita copia del mismo a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán y a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, para su conocimiento.

En relación con las reformas al Reglamento para la administración, destino final y baja de bienes del Instituto, se explicó que tienen como propósito dar unidad normativa y una coherencia integral en la toma de decisiones respecto a la enajenación de bienes y el precio a utilizarse será el que se determine mediante avalúo, de una institución de crédito, corredor público o perito valuador debidamente autorizado.