En respuesta a las inquietudes de la sociedad mexicana sobre los alcances de la reforma hídrica nacional, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó una guía que facilitará a las autoridades estatales y a la ciudadanía, el conocimiento, la regulación y el ejercicio efectivo del derecho humano al agua, dentro de la Ley General de Aguas, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este documento será una herramienta de consulta accesible, no solo para autoridades y académicos, sino también para cualquier persona interesada en comprender los mecanismos legales que garantizan el acceso, la disposición y el saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y aceptable.

Particularmente, esta guía establece los elementos que las legislaturas estatales deben considerar al armonizar sus marcos legales.

Tras la publicación de la Ley General de Aguas en el DOF, el pasado 11 de diciembre, se inició un proceso de transición normativa en todo el país. En este sentido, se aportan criterios técnicos para que las entidades federativas armonicen sus disposiciones jurídicas dentro del plazo de 180 días previsto en el artículo Segundo Transitorio de dicha Ley, el cual concluye el próximo 9 de junio.

Con esta acción, la Conagua contribuye a la armonización de los marcos normativos entre regiones y a asegurar que el Derecho Humano al Agua se tutele bajo los mismos estándares de protección y equidad en todo el territorio nacional, respetando siempre el ámbito de competencia de cada orden de gobierno.

El documento aborda, entre otros temas:

Fundamentos Constitucionales: análisis del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los tratados internacionales.

2. Competencias Concurrentes: señala las facultades de la federación, estados y municipios.
3. Criterios de Sostenibilidad: directrices para asegurar el recurso para las generaciones presentes y futuras.

Conagua reitera su compromiso de acompañar a los congresos locales en el proceso de transición legislativa, ofreciendo asistencia técnica para que la adecuación de las leyes estatales se realice con apego a los principios de progresividad y no regresión.