Vila, con vicios de Renán Barrera: paga 62 mil pesos a un asesor
El grupo edilicio del PRI lamentó que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) siga careciendo en su origen de autonomía de gestión, personalidad jurídica, patrimonio propio y una verdadera ciudadanización, errores que se arrastran de la administración pasada y que careció de una visión de desarrollo ordenado.
Fue en los puntos a tratar de la primera sesión ordinaria de esta administración municipal, celebrada esta tarde, donde los regidores del PRI solicitaron al alcalde Mauricio Vila Dosal no repetir los errores del pasado y le solicitaron corregir la conformación del Instituto para volverlo un organismo público descentralizado, que se integre de una forma ciudadana, únicamente con organismos académicos, profesionales y expertos en materia de planeación urbana.
«Que sean los propios ciudadanos quienes definan las políticas públicas de desarrollo urbano para lo cual solicitamos al alcalde modificar la conformación de su junta directiva y se componga mayoritariamente por organizaciones ciudadanas a fin de garantizar su autonomía», manifestó la regidora priista Diana Herrera Anduze.
Afirmó que el Implan no está abierto a la participación ciudadana en su totalidad, ya que en su conformación hay siete miembros que son funcionarios municipales y que vicia su carácter ciudadano.
«No podemos estar a favor de algo que no es objetivo y funcional. No dudamos de las capacidades de la persona que fue propuesta como titular del Implan, pero consideramos que antes de darle una continuidad a su titular al ratificarlo, debe corregirse su constitución, ya que no cumple con sus funciones de manera objetiva como se señaló al principio. En casa se aprueba lo que se hace en casa. Actualmente el 50 por ciento se conforma por directivos del Ayuntamiento, por lo que los regidores del PRI solicitamos revisar la constitución del mismo desde su origen porque creemos que lo que está incorrecto desde su inicio difícilmente funcionará en su transcurrir», precisó.
Durante su intervención, el regidor priista José Francisco Rivero Mendoza manifestó que con estos antecedentes pareciera entonces una simulación, ya que sus integrantes son en su mayoría funcionarios públicos de esta administración municipal.
«El Implan debe ser representado por ciudadanos para el buen desarrollo y funcionamiento de este municipio. Primero se debe modificar de fondo el Instituto y reorganizarlo de principio a fin de organismos públicos descentralizados y ciudadanos expertos en la materia. Hay que tomarnos el tiempo suficiente, buscar todos los beneficios de este Instituto para abrirle la puerta a los ciudadanos».
El grupo edilicio solicitó bajar el punto de la orden del día para analizarlo a fondo, solicitud que fue rechazada con el voto mayoritario del PAN y del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano.
El edil priista Alfonso Segui Isaac, reafirmó posponer el nombramiento del titular del Instituto porque no se puede nombrar o ratificar al titular de una Institución que está viciada de origen.
«Creemos que debe ser de una figura descentralizada para darle autonomía. Por esa razón no podemos ratificar a un director cuando vemos que hay vicios desde su origen».
En asuntos generales, el grupo edilicio cuestionó el sueldo de 62,351 pesos que será asignado a un asesor de la empresa paramunicipal Servilimpia y los 160 millones de pesos que serán destinados para construir un parque de deportes extremos
La edil María Jesús Monjiote Isaac dijo que se debe analizar la asignación de más de 62 mil pesos para un puesto de asesor asignado a la empresa paramunicipal Servilimpia, lo que genera una duplicidad de funciones, ya que dicha empresa cuenta con un director.
Alfonso Segui manifestó por su parte que llama mucho la atención de declaraciones del alcalde, la asignación de 160 millones de pesos para el proyecto inconcluso del parque de deportes extremos que dejó la administración anterior.
«La administración anterior gastó 12 mdp como inversión inicial, que no se refleja en lo construído y ahora se pretende gastar 160 mdp, que es un monto excesivo y que significa el 25 por ciento del gasto en obra pública y una total falta de responsabilidad cuando hay muchas necesidades en el Sur, como calles nuevas, bacheo y parques nuevos.
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