Mérida, Yucatán, 9 de enero de 2014.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) certificó en la materia a 800 funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), con lo que se convierte en la primera institución de procuración de justicia a nivel nacional en alcanzar dicho reconocimiento.

La distinción, otorgada por la CNDH, se logró tras la especialización, en 16 diferentes rubros, de 800 elementos operativos de la FGE, entre agentes del Ministerio Público, Policía Ministerial, Servicios Periciales y personal administrativo, que acreditaron más de 97 mil horas de capacitación en temas relacionados con las garantías individuales.

Ante el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva y del secretario General de Gobierno, Víctor Caballero Durán, el titular del Poder Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, señaló que esta distinción significa un reto mayor y una alta responsabilidad con el ejercicio cotidiano de los servidores públicos estatales para que mantengan una sólida cultura de respeto a los derechos humanos.

“El reto está en garantizar que los derechos humanos se respeten en cada una de las etapas de los procesos legales. Por ello, en Yucatán, la nueva concepción del sistema judicial mexicano encuentra el derecho a la justicia plena para que los lineamientos jurídicos y sociales se reflejen en la calidad de vida de las personas”, aseveró.

Algunos de los 16 rubros en los que fueron especializados los servidores públicos de la FGE son concepto, fundamentación y evolución histórica de los derechos humanos; procuración de justicia al ministerio público en el tema e irregularidades en cateos

Asimismo, desaparición forzada, retención legal e incomunicación y marco jurídico nacional e internacional para prevenir y sancionar la tortura; así como derechos humanos de las víctimas u ofendidos del delito y el abuso de poder, entre otros.

Al respecto, Plascencia Villanueva destacó el esfuerzo realizado por la FGE al impartir más de 97 mil horas de capacitación que han dotado a los servidores públicos de elementos, garantías e instrumentos para cumplir con su función con estricto apego a la ley.

El ombudsman indicó que los derechos humanos forman parte de la agenda pública nacional, por lo que nadie está en condiciones de no respetarlos. Añadió que desde la CNDH se tiene una apuesta muy fuerte por la capacitación y educación en este tema, a fin de consolidar una cultura de la legalidad

En su intervención, la fiscal General del Estado, Celia María Rivas Rodríguez, afirmó que la FGE es la primera institución de procuración de justicia a nivel nacional en certificar a sus servidores públicos en derechos humanos gracias al compromiso institucional y al espíritu de cambio por parte de todos los que integran dicha dependencia.

“Con este logro hemos dado un paso más en la transformación y fortalecimiento de la institución para que de manera eficiente continúe con una política de puertas abiertas, con trabajo serio y profesional, transparente y apegado a la ley, al servicio de la sociedad a la que nos debemos”, agregó Rivas Rodríguez.

Al finalizar el acto protocolario, el Gobernador, acompañado por el ombudsman nacional y la fiscal General, develaron una placa conmemorativa de este acontecimiento para después, tomarse la foto oficial del evento con miembros de esa instancia estatal.

En su turno, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Jorge Victoria Maldonado, destacó que los avances de la FGE en el tema se reflejan en las estadísticas de la institución que encabeza.

Asistieron los presidentes del Congreso local, Luis Hevia Jiménez y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcos Celis Quintal. Por la Procuraduría General de la República (PGR), los subprocuradores de Control Regional y Procedimientos Penales y Amparo, Renato Sales Heredia, y Especializado en Investigación de Delitos Federales, Cleominio Zoreda Novelo.

Además, el Procurador de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres; su homólogo de Campeche, José Arturo Ambrosio Herrera; el vicefiscal de Investigación y Procesos, Javier León Escalante y el director de la Policía Ministerial, Juan Marrufo León. (Comunicado)