Tras darse a conocer los problemas que enfrentan funcionarios y empleados vinculados con la Justicia en Yucatán por sus estudios de posgrado sin validez, la escuela que los imparte sostiene que si cuenta con los registros legales.
Sin embargo, quienes tomaron las maestrías no pueden titularse aún por retrasos atribuídos ahora  a las autoridades escolares en la Ciudad de México.
Fuentes de la escuela República de México, señalada por los afectados cono las que los ha defraudado, señalaron que si cuenta con el RVOE (Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios).
Trascendió que lo obtuvo el 18 de enero pasado, dos años después de que iniciaron las maestrías.
Sin embargo, al parecer los alumnos no se pueden titular porque a la escuela le falta la aprobación de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP),

Los alumnos afectados señalaron hoy mismo que la escuela afirma que la dirección que la Direcciones n que autoriza los certificados estuvo acéfala mucho tiempo y por eso no se han podido expedir los mismos.

Sin embargo, los alumnos indican que solo tienen seis meses ahora para titularse o tomar un curso de revaludación y aún no hay respuestas concretas de parte de la institución.
Como informamos, los afectados señalan directamente a la escuela que impartió los estudios y ya preparan las demandas por el ‘fraude’ y otras movilizaciones.
Entre los afectados hay conocidos abogados locales, pero el grueso de los ‘falsos maestros’ está integrado por empleados y funcionarios de los Poderes Judiciales del Estado y de la Federación, así como de la Defensoría Pública Federal, la Procuraduría General de la República, la Defensoría Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado.
Desde ayer viernes, la escuela, a través de terceras personas, ha enviado ‘mensajes y ‘advertencias’ a uno de los representantes de www.formalprision.com para señalar que si cuentan con la autorización para impartir la maestría, pero no han querido explicar porqué nadie se ha titulado.
Entre las ‘advertencias’ señaladas está una demanda contra los medios que han publicado la información, ya que cabe señalar que la noticia ha sido difundida en por lo menos siete portales  locales y dos nacionales.