México vive una coyuntura histórica difícil y compleja que afecta al desempeño de la economía, al bienestar de la sociedad, a la credibilidad de sus instituciones públicas y que alimenta un extendido malestar social.

El Instituto Nacional Electoral es una Institución del Estado Mexicano que tiene en su encomienda fundamental garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las y los mexicanos, y de organizar los procesos electorales que permitan la renovación periódica, pacífica e institucional del poder político y de la representación ciudadana.

En consecuencia, el INE, como un organismo autónomo, no es ni puede ser ajeno a los desafíos que aquejan al país, ni permanecer al margen de las exigencias para afrontar con la máxima sensibilidad y responsabilidad el delicado momento que atraviesa nuestra nación.

Por ello, las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral hemos tomado decisiones para, sin dejar de atender a cabalidad todas y cada una de las responsabilidades que la Constitución y las leyes nos han encomendado, contribuir al uso de los recursos públicos en áreas socialmente prioritarias.

Reiteramos que para el INE la confianza de la sociedad en torno a su actuación constituye el principal insumo y fuente de legitimidad para poder desempeñar cabalmente su función constitucional de organizar elecciones que nos permitan recrear pacíficamente el poder público.

Vale la pena señalar que desde la construcción del presupuesto de 2017 el INE hizo un primer esfuerzo de racionalidad al reducir el monto solicitado en un 5% respecto del presupuesto asignado para 2016. Adicionalmente, los recursos para el INE, finalmente aprobados por la Cámara de Diputados, tuvieron una reducción de 300 millones de pesos adicionales, cifra que fue ajustada por el Consejo General sin poner en riesgo las tareas prioritarias del Instituto.

En ese contexto, anunciamos las siguientes cinco medidas:

En primer lugar, el INE decide suspender la construcción de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpan. Vale la pena recordar que en los presupuestos de 2015 y de 2016 la Cámara de Diputados aprobó los recursos para ser destinados a dicha edificación.

No obstante, el INE pone a disposición de las autoridades hacendarias de la federación ese dinero para que tenga el destino que sea determinado por las mismas y, en su caso, sea definida su nueva asignación en áreas prioritarias de gasto del Estado. Los montos disponibles en el Instituto para este fin ascienden, al día de hoy, a 1,070 millones de pesos.

El INE concluirá la etapa de planeación ya en curso del plan de inversión inmobiliaria, consistente en la elaboración del Proyecto Ejecutivo de las nuevas instalaciones a efecto de que, junto con el Plan Maestro finalizado en 2016, sean un insumo disponible para cuando, si un contexto económico favorable del país lo permite, se realice la edificación planeada.

Conviene recordar que el plan de inversión inmobiliaria del INE tuvo como único propósito el ahorro de recursos públicos que se vienen erogando desde hace décadas en el pago de rentas de oficinas en la Ciudad de México para alcanzar un ahorro que, de manera directa e indirecta, ascienden a más de 100 millones de pesos al año.

La racionalidad de sustituir gasto corriente no recuperable en alquileres, por inversión en patrimonio público sigue vigente, y en ese sentido reiteramos la pertinencia de la propuesta de construcción y concentración las oficinas centrales en las instalaciones de Viaducto Tlalpan; pero las consejeras y consejeros del INE entendemos que la situación actual de la economía del país exige que, por ahora, se reconsidere el destino de esos recursos.

De manera adicional, para contribuir a la política de austeridad en el gasto, se ha decidido que las remuneraciones de los consejeros electorales y de los integrantes de la Junta General Ejecutiva ampliada se reduzcan 10%, con independencia de que las remuneraciones de los consejeros no han tenido ningún incremento nominal en los últimos cinco años.

Los consejeros electorales y los integrantes de la Junta General Ejecutiva renuncian a la prestación de telefonía celular, asumiendo cada uno de ellos, desde ahora, los gastos por ese concepto.

Para reforzar la política de transparencia y rendición de cuentas, el INE hará público el ejercicio de su presupuesto cada trimestre; esto es, durante el propio ejercicio fiscal y no hasta su conclusión, se dará cuenta puntual de cómo se utilizan los recursos públicos que recibe. Con ello se pretende establecer un inédito mecanismo de rendición de cuentas a la sociedad mexicana.

La Junta General Ejecutiva, revisando las partidas presupuestales de este año, aprobará y presentará al Consejo General para su aprobación en el mes de febrero un conjunto adicional de medidas de austeridad, racionalidad y economía en el ejercicio del gasto que puedan significar economías adicionales para las finanzas públicas del país. En ese sentido, se hará una profunda revisión de la política de uso de los vehículos oficiales y, además, a pesar del aumento en los precios del combustible, en el Instituto no se incrementaran los montos asignados para gasto de gasolina en todos esos vehículos.

Con estas medidas el INE ratifica su compromiso como institución del Estado mexicano al servicio de la democracia.

Este año habrá elecciones en cuatro entidades del país: Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, por lo que 19.9 millones de mexicanos, la cuarta parte del padrón electoral nacional, podrán votar para definir quién los gobierna y los representa. Hay que subrayar también que en el mes de septiembre del año en curso da inicio formal el proceso electoral federal 2017-2018 con el que se renovarán el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.

Las elecciones deben ser un espacio para la renovación de la democracia, de confirmación de la coexistencia política pacífica en una sociedad compleja y diversa.

El INE no cejará en su misión de asegurar elecciones libres, equitativas y auténticas. Asegurará la vigencia irrenunciable del sufragio efectivo para que sea, precisamente la ciudadanía, ejerciendo sus derechos y libertades, la que defina constructivamente el destino de la nación.

Sólo en democracia y en paz México encontrará la salida a sus graves problemas actuales.